El Gobierno de Estados Unidos le advirtió al presidente designado de Nicaragua, Daniel Ortega, que continuarán las sanciones contra sus administración si no detiene la “indiscriminada” represión en contra de la población, a la vez que insistió en que deben celebrarse elecciones “justas, libres y transparentes” para la restauración de la democracia en este país.
La Casa Blanca emitió un comunicado este lunes 30 de julio, en el que responsabilizó a Ortega y a su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, “de la violencia indiscriminada” y la “brutalidad policial” contra los manifestantes que piden “reformas democráticas”.
En un comunicado, Estados Unidos aseguró estar del lado de los nicaragüenses que piden reformas democráticas para ponerle fin a la violencia y aseguró que “unas elecciones “libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua”.
Nicaragua vive 105 días de protestas ciudadanas que exigen la renuncia de la pareja presidencial y el adelanto de las elecciones. La respuesta de Ortega ha sido una brutal represión a las manifestaciones cívicas que deja 448 personas muertas, miles de heridos y detenidos ilegalmente, según organismos de derechos humanos locales.
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El gobierno estadounidense enumeró las medidas hasta ahora adoptadas contra el régimen Ortega-Murillo por la brutal represión y violación de derechos humanos de los nicaragüenses entre las que están los sancionados por la Ley Magnitsky, la revocación de visas a funcionarios estatales, la petición de retorno de los vehículos donados a la Policía Nacional y la donación de 1.5 millones de dólares a organismos de derechos humanos en apoyo a la democracia.
Solo el comienzo, advierte
La sanción de Ley Global Magnitsky por violación a los derechos humanos y corrupción se aplicó al subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y Francisco López, tesorero de Ortega y vicepresidente de Albanisa, la empresa que maneja el acuerdo petrolero con Venezuela.
“Esto es solo un comienzo, no un final, de posibles sanciones”, advirtió la Casa Blanca.
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Se afirmó que con las sanciones a personeros del gobierno orteguista, “Estados Unidos demuestra que responsabilizará por sus acciones a los funcionarios del régimen de Ortega que autorizan la violencia y los abusos o que roban al pueblo nicaragüense”.
No criminalizar protesta
“Después de años de elecciones fraudulentas y la manipulación del régimen de la legislación nicaragüense, así como la represión de la sociedad civil, los partidos de oposición y los medios independientes, el pueblo nicaragüense salió a la calle para pedir reformas democráticas”, expresó la Casa Blanca.
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Washington condenó que como parte de la represión se persiga y acuse “falsamente como golpistas” y “terroristas”, que han sido encarcelados, torturados o que han desaparecido” a quienes han participado en las protestas contra Ortega. El régimen ha criminalizado la protesta y está enjuiciando a los manifestantes acusándoles de terrorismo.
Diálogo con la Iglesia como mediadora
De igual forma, Estados Unidos mostró su apoyo al proceso de diálogo nacional, mediado por la Iglesia católica. La semana pasada el vicepresidente norteamericano Mike Pence, denunció que el gobierno Ortega-Murillo “está en guerra con la Iglesia católica”, que se ha demostrado al acusar a los obispos de “golpistas” por criticar la presión y apoyar la propuesta de que se adelanten las elecciones.
En el comunicado de ayer, la Casa Blanca afirmó que “Estados Unidos continuará monitoreando de cerca la situación en Nicaragua y trabajará con la comunidad internacional para responsabilizar a los culpables de la violencia”.