Aunque en los últimos días algunos productores han logrado recuperar sus propiedades, al menos 5,705 manzanas de tierras de diversos usos permanecen tomadas por los simpatizantes del presidente designado por el poder Electoral, Daniel Ortega, que en medio de la crisis sociopolítica que enfrenta el país promueve la invasión de fincas en una clara muestra de represión contra el sector privado.
En un informe publicado este martes, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) detalla que al 31 de julio ha recibido “37 denuncias por invasión a la propiedad privada, equivalentes a 7,358.5 manzanas tomadas”.
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En el reporte no detalla en qué circunstancias los propietarios lograron recuperar algunas de estas áreas, ya que las fuerzas del orden público y encapuchados en algunos casos se han plegado el apoyo a los invasores y en otros simplemente evaden las denuncias.
Pocas han sido recuperadas
No obstante, la organización admite que de las 7,358.5 manzanas invadidas, 1,653.5 manzanas han sido recuperadas por sus dueños. En tanto, las restantes 5,705 manzanas, ubicadas en siete departamentos, continúan en manos de los invasores, que de inmediato lotifican las áreas, las reparten y improvisan chozas de plástico. En la mayoría de propiedades tomadas tampoco falta la bandera rojinegra del gobernante Frente Sandinista.
Upanic denuncia que durante las invasiones de las propiedades se han registrado agresiones físicas, intimidación y robo. “En algunos casos los legítimos dueños son víctimas de persecución y amenazas de muerte”, dice el informe y añade que para evitar daños colaterales entre los trabajadores, los productores afectados continúan pagando planilla.
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El sector privado ha advertido que estas invasiones afectarán aún más la imagen país y ahuyentará la inversión, ya que dejan en evidencia la inseguridad jurídica que existe en el país.
Detalle de las fincas afectadas
Según el informe de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) en general las propiedades invadidas tienen una extensión de entre 5 y 1,500 manzanas.
El 48 por ciento son terrenos de menos de cincuenta manzanas.
El 30 por ciento de ellas miden más de cien manzanas de extensión.
El 22 por ciento son propiedades de entre cincuenta y 99 manzanas.
Además, el 52 por ciento son tierras de uso agrícola (2,982 manzanas), el 36 por ciento de uso pecuario (2,036 manzanas), el 5 por ciento de uso forestal (303 manzanas), el 4 por ciento para vivienda (225 manzanas) y el restante 3 por ciento (159 manzanas) para otros usos entre ellos industrial, minería no metálica.
Represalia tras ruptura de alianza
La crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el pasado 18 de abril, con un saldo cercano a los 450 muertos, miles de heridos y cientos de encarcelados y desaparecidos, fracturó la alianza que durante los últimos once años mantuvo el sector privado con Ortega a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Dicha ruptura se profundizó cuando dirigentes del sector privado integraron la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que desde la instalación del Diálogo Nacional el 16 de mayo pasado, exige la salida de Ortega mediante el adelanto de elecciones.
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Desde entonces las represalias no se han hecho esperar. El sector privado que en el inicio de la crisis el pasado 18 de abril, sufrió el saqueo y quema de algunos negocios se convirtió en blanco de los ataques de Ortega que los acusa de promover un golpe de Estado.
Al saqueo y quema de negocios registrado en los primeros días, se sumó desde inicios de junio la invasión de propiedades, tanto urbanas como rurales.
Nueva forma de confiscación
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri ha calificado estas tomas como una nueva forma de confiscación impulsada, según lo que hemos conocido por personas vinculadas al Estado”.
Uno de los primeros afectados fue el presidente de Upanic, Michael Healy, que es además uno de los representantes del sector productivo en la ACJD; su mamá ha sido otra de las afectadas.
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Pero la presión no se ha limitado al ámbito económico. También ha traspasado al campo político donde el Gobierno a a través de la criminalización de la protesta ha tildado de terroristas a los integrantes de la ACJD y algunos de sus miembros ya han sido relacionados con delitos que están siendo juzgados en los tribunales.
Mientras tanto, según ha confirmado LA PRENSA los simpatizantes del Gobierno cuentan con el apoyo de las autoridades para mantenerse en las áreas invadidas, agilizar la instalación de los servicios básicos en ellas y legalizar la tenencia de las propiedades.