El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, denunció el 27 de julio que la represión en Nicaragua había entrado en una tercera fase.
Abrão se refería a las acciones fiscales y judiciales de venganza emprendidas por el régimen orteguista contra muchas personas que han participado de manera directa o indirecta en las protestas sociales y políticas.
Según Abrão, la primera fase de la represión fue la de los ataques de las turbas y policías orteguistas contra los estudiantes y demás ciudadanos que desde el 18 de abril salieron a las calles para protestar, inicialmente contra una injusta reforma al sistema de pensiones del INSS y después para pedir la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La segunda fase fue la ofensiva militar del régimen, empleando armas de guerra contra las poblaciones y barrios populares que se rebelaron y pusieron tranques y barricadas en carreteras y calles, para impedir el paso de las maquinarias y fuerzas represivas.
Y la tercera fase de la represión, como ya quedó dicho, es la de los encarcelamientos, secuestros, torturas y acusaciones judiciales indiscriminadas contra decenas de personas.
Pero hay una cuarta fase de la represión orteguista que Abrão no ha mencionado. Se trata de los despidos masivos, arbitrarios y revanchistas de funcionarios del Estado de diversas categorías, incluyendo médicos y personal de enfermería de los hospitales públicos, acusados de apoyar las protestas cívicas o de haber brindado asistencia médica a los heridos durante la represión policial.
Pero no se podía esperar algo distinto de un régimen como el de Ortega y Murillo, el cual pertenece al género totalitario que es la forma más inhumana de la dictadura.
En la dictadura totalitaria la vida humana solo tiene el valor que quieran reconocerle los que detentan el poder; y el funcionario o empleado del Estado no puede tener independencia de criterio ni ser neutral políticamente en la prestación de sus servicios.
Para los gobernantes totalitarios y sus esbirros, trabajar en las dependencias del Estado es un favor del partido y una gracia del caudillo gobernante, a los que se les debe agradecer y guardar fidelidad por encima de todo. Esto es violatorio de las normas universales del servicio civil que garantizan los derechos de los funcionarios, pero también un atropello a la integridad moral de la persona humana. Lo cual es peor en el caso de los médicos y personal de enfermería, cuya profesión es esencialmente humanitaria y por tanto es monstruoso que sean castigados por curar heridas y salvar vidas, quienesquiera que hayan sido las personas a las que ayudaron.
Mandar a la gente al desempleo y el desamparo y castigar a médicos y enfermeras por asistir a quienes lo necesitabas, es moralmente un delito de lesa humanidad que también deberá ser castigado, cuando en Nicaragua haya democracia y se pueda hacer justicia.