Once médicos especialistas, enfermeras y trabajadores administrativos de Jinotepe, despidos de forma arbitraria por parte del Ministerio de Salud (Minsa), recurrieron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), desde donde demandaron del Estado que sean reintegrados.
Solo en el Hospital Santiago, de Jinotepe unas 21 trabajadores y médicos han recibido cartas de despido, de esos once son médicos, afirmaron los denunciantes. Pero igual hay despidos en varias unidades de salud de Carazo.
Todos los denunciantes aseguran que únicamente les extendieron un documento en el que les dice que prescinden de sus servicios, pero no explican el artículo del Código del Trabajo aplicado ni por qué los despiden.
Uno de los denunciantes fue el cirujano general Julio Sánchez Salazar, con 34 años de experiencia y profesor de cirugía para pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y de la Universidad Central de Nicaragua (UCN), quien labora para el hospital Santiago y la radióloga del Hospital El Maestro, Indira Martínez, quienes dijeron que los despiden por cumplir con su misión.
“Nosotros, yo por lo menos, y es el caso de los compaeros que aquí estamos y el resto por que aquí faltan muchos más, no entendemos por qué fuimos despedidos, porque simple y sencillamente lo que hicimos fue darle atención a la población”, sostuvo Sánchez, quien aclaró que lo hicieron sin discriminar a los pacientes por ideología política o religiosa, pues la misión de los médicos “es atender no juzgar absolutamente nada de las acciones de las personas, para eso están las leyes”.
Sánchez recordó que él nunca dejó de laborar pese a la situación de inseguridad, pues al menos en tres ocasiones salió de su casa bajo las balas y en su caso y los demás nunca recibieron una orden de las autoridades que no atendieran.
Martínez, quien es oriunda de San Marcos, por su parte aseguró que ella está en listados donde dicen que la llegarán a buscar a su casa por tildarla de ser la responsable de la “mara 19”, por lo cual dijo, teme por su seguridad y la de su familia.
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Una de las cirujanas explicó que en una ocasión de los ataques a la ciudad de Jinotepe, donde el hospital había sido tomado por miembros “de la Juventud Sandinista” supuestamente para resguardarlo, el mismo director centro que ahora les despide les llamó para que salieran “a dar la cara” y así evitar que los autoconvocados ingresaran al local.
Y al salir a la calle alguien tomó una fotografía que apareció en las redes sociales que es por la que aparentemente muchos de ellos son cesanteados.
Katherine González, trabajadora administrativa, denunció que hay bastante persecución por parte de las autoridades de la salud en Carazo, pues solo en el Centro de Salud Pedro Narváez Cisneros, al menos 18 médicos y trabajadores de la salud han sido despedidos.
Repercutirá en atención de la población
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, explicó que además del caso de los despedidos en unidades de salud de Carazo, tiene conocimiento de al menos 38 despedidos en León, lo cual calificó como una irresponsabilidad el despido masivo de personal de la salud con mucha experiencia y especialización, lo cual expone a la población pues “se esá jugando con la vida de los nicaragüenses” pues recibirán una atención de mala calidad.
Esto será informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues dijo tener información que muchos de los médicos despedidos no se atrevieron a acudir a presentar denuncia porque algunos han sido amenazados.
El procurador laboral, José Antonio López, manifestó que las cartas que han recibido los denunciantes no tienen asidero legal, porque debería estra normado en la Ley Sanitaria o la Ley de Carrera Civil Sanitaria y el hecho de prescindir de servicios únicamente está regulado en el artículo 45, del Código del Trabajo que está aplicado únicamente para la empresa privada.
Mientras, el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Salvador Marenco, aseguró que ese organismo ha contabilizado más de 70 funcionarios públicos despedidos de forma ilegal y arbitraria en una semana en León.
Marenco aseguró que también ya registran denuncias de empleados de otras instituciones estatales que en Managua están siendo despedido, acosados y sometidos a procesos y que el Ministerio del trabajo en vez de defender a los trabajadores más bien lo que es coadyuvar en esta represión estatal.