CIDH denuncia abusos en procesos judiciales en contra de ciudadanos que protestaron contra el régimen

Entre esos casos menciona la detención en Masaya de dos menores de 14 y 15 años, trasladados a El Chipote durante cinco días

Cristhian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta fueron capturados en julio pasado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. LA PRENSA/ARCHIVO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Gobierno de Nicaragua cumplir con las normas internacionales relacionadas con el respeto de los derechos humanos antes las múltiples violaciones a estos como la persecución y criminalización contra quienes han protestado desde el 18 de abril, según ha podido constatar en el terreno.

Además elevó a 317 el número de asesinados producto de la sangrienta represión.

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Esta actualización ocurre en momentos que Daniel Ortega acusó al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão de “mentir todos los días” y señaló que estos organismos realizan “visita de médicos”, algo que ya fue rechazado por la organización. Ortega dice que la cifra de muertos es de 195 personas.

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En un comunicado de prensa, a propósito de la quinta semana de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la CIDH señala que documentó en el terreno la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en el contexto de la llamada “operación por la paz”, contra las personas que se habían atrincherado en los tranques en diferentes ciudades del país.

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Entre el 19 y 30 de julio, cuando la CIDH ya contabiliza 317 muertes, el Meseni recibió información alarmante sobre “la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización” contra opositores al régimen, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos.

Por ejemplo, “la comisión advierte que tras el levantamiento de tranques en diferentes lugares del país, mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad”.

Captores queman cuello de niño con cigarrillo

Entre esos casos menciona la detención en Masaya de dos menores de 14 y 15 años, trasladados a El Chipote durante cinco días y según los testimonios recibidos, “al momento de ser detenidos y durante su traslado, uno de los niños habría sido víctima de quemaduras de cigarrillo en el cuello y el otro habría sufrido torsiones provocadas por el peso de uno de los captores sobre su cuerpo”, para obligarlos a proporcionar información.

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La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, vicepresidenta de la CIDH y relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, recordó que en este tipo de casos “el Estado debe asumir su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”.

Igualmente destaca la CIDH los obstáculos que enfrentan los detenidos para acceder a una defensa legal adecuada como la restricción a los abogados y organizaciones de la sociedad civil para acceder a las audiencias.

Presos políticos sin garantías procesales

El organismo de derechos humanos también enumera los casos de los líderes de los autoconvocados, Irlanda Jerez, Christian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, Medardo Mairena y Pedro Mena.

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“Hemos tomado conocimiento con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la Ley y demás garantías procesales de todas las personas detenidas”, manifestó el comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.

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Igual preocupación es para la CIDH “el uso indebido del Derecho Penal y, en particular, la recién Ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social y la defensa de derechos humanos”, expresó el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, comisionado Francisco Eguiguren.