Congresistas proponen sanciones para empresario Ángel González y el dirigente salvadoreño del FMLN José Luis Merino

Ángel González es propietario de varios canales de televisión y radios en Nicaragua y su nombre aparece implicado en el escándalo de los Papeles de Panamá

Ileana Ros-Lehtinen, congresista emérita de Estados Unidos, es una de las que encabeza la solicitud de las sanciones. LA PRENSA/J. FLORES

Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó a la Administración del presidente Donald Trump sancionar bajo bajo la Ley Global Magnitsky a seis personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México por su implicación en la corrupción y el crimen organizado.

Entre los propuestos para sanciones se encuentra el viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, José Luis Merino, señalado de corrupcion y crimen organizado transnacional; y Remigio Ángel González, de origen mexicano, que dirige el conglomerado de medios Albavisión, señalado de corrupción por los congresistas.

Otros propuestos para sanciones bajo la Magnitsky son José Aquiles Enrique Rais, de El Salvador; Gustavo Adolfo Alejo Cambará, de Guatemala; Luis Alberto Barrutia Mendizábal, de Guatemala; y Oscar Ramón Nájera, de Honduras.

“A medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para combatir la corrupción y el crimen organizado, le pedimos determinar si las siguientes personas cumplan los criterios para ser considerados responsables bajo la ley Global Magnitsky. Esperamos mantener un diálogo constante con la administración para apoyar y fortalecer la implementación de la ley Global Magnitsky y los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos de derechos humanos en la región del Triángulo Norte de América Central y en todo el mundo”, expresa la carta.

Propietario de canales de televisión y radios en Nicaragua

Sobre Ángel González, propietario de medios de comunicación en Nicaragua, los congresistas justifican su propuesta alegando que el nombre de González aparece en los Papeles de Panamá, como accionista de la compañía offshore, Global Holding Properties Corporation; que es la cabeza del conglomerado de medios de Albavisión, y que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) registra que Ángel González tiene presencia en 11 países de América Latina donde posee 35 canales de televisión, 114 estaciones de radio, compañías de periódicos y salas de cine.

En la carta los legisladores indican que Remigio Ángel Gonzalez reside en Miami desde 1987, y que ha logrado “eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringen la propiedad extranjera de los medios de comunicación mediante el uso de empresas fantasma a cargo de familiares, y amigos”.

En el portal web del conglomerado de González www.albavision.tv, en el caso de Nicaragua aparecen como “afiliados” a su emporio los canales de televisión 2, 7, 9, 10, 11, 17 y 19; además de 12 radios (de Coesa y Ratensa) y la empresa Cinemas.

Otra de las justificaciones es que las propiedades de González en Guatemala están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca determinó la implicación de Lorenzana en un esquema de corrupción creado para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Asimismo, señala que, en septiembre de 2016, la Interpol giró una orden internacional de detención contra Lorenzana, en relación con el caso.

Dirigente de la izquierda salvadoreña

El viceministro de relaciones exteriores de El Salvador, José Luis Merino, es uno de los principales dirigentes del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); es representante de Alba Petróleos, la empresa subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalada de narcotrafico y lavado de dinero.

Los congresistas expresan los vínculos de Merino con las FARC de Colombia. “En 2008, autoridades colombianas informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del (desaparecido) cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, vinculan a Merino en una red de tráfico de armas”.

Añaden que en junio de 2017 un grupo de legisladores solicitó al Departamento del Tesoro, investigar a Merino bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, conocida como la ley anti-capos), en la que piden investigar las actividades bancarias del dirigente del FMLN vinculadas con Estados Unidos, debido a su “asociación de larga data con organizaciones transnacionales criminales bajo investigación por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.

La Ley anti-capos impone sanciones económicas a individuos extranjeros que lideran organizaciones de narcotráfico que denomina como “narcotraficantes significativos”.

La carta enviada al presidente Trump la encabeza el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, ED Royce; la congresista Ileana Ros-Lehtinen, presidenta emérita de ese comité; el congresista Albio Sires, miembro de mayor rango en el subcomité del Hemisferio Occidental y los congresistas Norma Torres y David Valadao.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: