El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil rechazó el viernes cualquier “desenlace” en la investigación del asesinato de la ciudadana brasileña “que no sea el de la identificación y castigo de los responsables por el acto criminal” contra su coterránea.
La reacción diplomática se da después de enterarse que en Nicaragua hicieron un juicio relámpago el pasado 1 de agosto —día feriado en Managua— a Pierson Gutiérrez, quien admitió haber asesinado a la brasileña Raynéia Gabrelle da Costa Lima Rocha, estudiante de sexto año de Medicina en la Universidad Americana (UAM).
“En relación a las investigaciones en curso en Nicaragua sobre el asesinato de la ciudadana brasileña Raynéia Gabrielle Lima, el gobierno brasileño considera absolutamente inaceptable cualquier desenlace que no sea el de la identificación y castigo de los responsables por el acto criminal”, dice el correo electrónico enviado a LA PRENSA.
La joven de 31 años falleció de hemorragia masiva interna después de recibir dos impactos de bala en el tórax y abdomen, cuando circulaba en su vehículo por el sector del Colegio Americano rumbo hacia su casa en Lomas de Monserrat, la noche del lunes 23 de julio.
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Según el rector de la UAM, Ernesto Medina, la joven fue víctima de los paramilitares que estaban en el reparto Lomas de Monserrat, donde ocurrió el crimen. Estos hombres civiles que portan armas de alto calibre (ligados al gobierno de Daniel Ortega) dispararon en ráfagas contra el carro, según testigos que escucharon las detonaciones a la hora del percance.
La Fiscalía acusó al exmilitar Pierson Gutiérrez de homicidio y portación ilegal de arma de fuego en una inverosímil acusación donde culpan a la joven de haber provocado su muerte por conducir de forma “descontrolada y con actitud sospechosa”, la noche del 23 de julio de 2018, en el sector del Colegio Americano.
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Y después de la admisión de esta acusación, en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Pierson Gutiérrez admitió haber asesinado a la muchacha, por lo que ya no habrá juicio y solo espera lectura de sentencia.
Admisión de hechos es estrategia
Para abogados penalistas el uso de la figura de la “admisión de hechos” de parte de Pierson Gutiérrez no es más que una táctica legal para ocultar la verdad. “El objetivo es obstaculizar la verdad, evitar que se profundice en el caso, que se conozca la prueba en juicio público, porque saben que se confirmaría todo lo que el mundo sabe, que el autor es parte de fuerzas irregulares que andan cometiendo asesinatos en Nicaragua”, dijo Boanerge Fornos, exfiscal departamental del Ministerio Público.
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Al respecto, el rector Medina sostiene que la falta de información sobre el caso, el sigilo con que autoridades lo han tratado, levanta serias sospechas respecto al proceso judicial.
“Nosotros hemos expresado preocupación por la falta de información y las contradicciones que ha habido en la información oficial. La forma en que se está manejando el juicio aumenta en nosotros la preocupación de que no hay intención de aclarar esto (el crimen) y decir la verdad de lo que realmente sucedió”, expresó Medina.
Estado quiere evitar Corte Penal Internacional
El abogado penalista Nelson Cortez expresó que otro de los propósitos del régimen de Daniel Ortega es cerrar el caso teniendo a un culpable, para que Brasil deje de solicitar una investigación internacional. Además, el Gobierno está evadiendo el vínculo que tiene con el procesado, para evitar el procedimiento penal internacional.
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“A este sujeto se le pone en la acusación como un simple ciudadano, que imparte clases de defensa personal y que por casualidad pasaba por el lugar donde disparó a ráfaga contra la víctima, en un relato inverosímil para desvanecer su vínculo con el Estado, pues lo señalan de paramilitar, con esto el Estado evita exponerse a una Corte Penal Internacional, porque aunque Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, sin embargo, la asesinada es una extranjera y Brasil puede pedir la investigación”, dijo Cortez.
En el mismo sentido, Fornos expresa que el régimen de Daniel Ortega quiere mostrar una sensación de “justicia pronta”, para calmar a la comunidad internacional brasileña y pretende que la sociedad nicaragüense deje en el olvido el caso.
Fiscalía se pone “guantes de seda”
Otro aspecto que llama la atención a penalistas es cómo el Ministerio Público calificó los hechos para beneficiar al procesado, quien es empleado de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), con penas menores al calificar el asesinato como homicidio y la tenencia y uso de arma restringida (armas de guerra) como simple portación de arma de fuego.
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La acusación evidencia la parcialización con que la Fiscalía trata a los simpatizantes del partido en gobierno, reveló Fornos, a diferencia de la población autoconvocada, a la que acusa hasta de diez delitos cuyas penas son duras.
“Técnicamente estamos ante un asesinato cuya pena va de veinte a treinta años, y hay una portación y uso de arma de guerra cuya pena va de cuatro a ocho años de prisión. Al cambiar la tipificación, le restas 23 años de prisión de una vez, porque la simple tenencia de arma de fuego la pena va de seis meses a un año de cárcel”, detalló el abogado.
Al respecto, el rector Medina objetó el trato especial que está recibiendo el acusado del crimen contra la estudiante de Medicina y consideró que el poder judicial debe explicar por qué el exmilitar no es juzgado por los delitos que se le imputan a quienes participan en las protestas.
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“Vemos que aquí hay dos tipos de nicaragüenses, los que se les aplica todo el peso de la ley por cosas que en principio son legales como es protestar, y por otro lado, alguien que dispara y mata a una muchacha le están tratando con otro tipo de medidas. Entonces, yo creo que sí se necesita que el sistema judicial dé explicaciones de por qué este señor tiene un tratamiento aparentemente especial”, cuestionó Medina.
Gonzalo Carrión, del Cenidh, considera que las instituciones del sistema de justicia en Nicaragua, en estos más de tres meses de la represión gubernamental “han estado trabajando para la impunidad”.
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Mientras Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), consideró que “hay una diferencia notable” en la forma en que el sistema trata los casos en referencia a los autoconvocados y los adeptos al Frente Sandinista.
Matan y van a la vela
En Nicaragua existe una forma diferenciada para la aplicación de la ley, entre los allegados al poder y personas identificadas como autoconvocadas, lo que evidencia la disparidad de los procesos judiciales, según abogados de organismos de derechos humanos.
Y una causa para ejemplo es la tipificación con que la Fiscalía remitió el caso a los tribunales contra Pierson Gutiérrez, que aunque debió ser acusado por asesinato lo hizo por homicidio y portación ilegal de armas, con lo que desde un inicio le disminuye una mayor pena en la cárcel.
Para el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, esto lo que demuestra es que los operadores de justicia en Nicaragua “se convierten en verdaderos francotiradores en la aplicación de la ley”.
Así como hay francotiradores que le han segado la vida a más de trescientas personas a lo largo de más de tres meses, así se organizan la Policía y la Fiscalía para ejecutar las acusaciones de más de cien personas sometidas a procesos judiciales, aseguró Carrión, quien agregó que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía se han convertido en “verdaderos aparatos de la represión”.
Brasil puede apelar
Para Boanerge Fornos, la familia de la víctima o algún representante de la embajada de Brasil puede apelar la sentencia en cuanto a la tipificación y la pena a imponer, antes que el juez dicte sentencia y garantizar que la muerte de la joven no quede en la impunidad. El rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, señaló que el sigilo con que se ha manejado el proceso judicial contra el asesino de la estudiante brasileña, Raynéia da Costa Lima, genera muchas dudas y no implica que se esté haciendo justicia.