A 110 días de resistencia pacífica en Nicaragua los crímenes, lesiones graves, desaparecidos y torturados tras la represión gubernamental prevalece la impunidad. Esto porque la mayoría de los acusados que han sido remitidos a los tribunales son “chivos expiatorios”, considera Pablo Cuevas, de la CPDH.
El propósito es neutralizar y descabezar el movimiento de autoconvocados, según Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Tras recordar que el sistema de justicia lleva tiempo de operar de forma deficiente porque “tiene como objetivo responder a los intereses del partido (FSLN)”.
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Hay casos emblemáticos como la masacre de la familia Velásquez, ocurrida el 16 de junio en el barrio Carlos Marx, donde los videos y testimonios de los sobrevivientes comprueban que quienes cometieron el múltiple crimen fueron paramilitares y aún la Fiscalía no lleva a los responsables a los juzgados. Ese día fueron murieron quemados cuatro adultos y dos niños de la familia Velásquez.
El hecho causó el repudio a nivel internacional. Cuevas recordó que los sobrevivientes señalaron en sus testimonios que al lugar llegaron paramilitares y los uniformados hicieron un cordón alrededor del lugar; cuando se comenzó a quemar la casa los vecinos quisieron brindar auxilio a la familia Velásquez, pero la Policía les disparó para evitar que se acercaran.
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El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que salvo excepciones, casi en su totalidad los casos están en la impunidad. Los únicos casos que han sido llevados a los tribunales han sido donde aparece como víctima el Estado y en otros acusan a personas que no son las responsables, tal es el caso de los procesados por el crimen contra el periodista Miguel Gahona, ocurrido en Bluefields, cuya familia sigue demandando justicia.
“El único caso y en el que ni siquiera nos están contando toda la verdad es el caso de la estudiante brasileña y es para encubrir a los paramilitares”, dijo Carrión, quien aseguró que en Nicaragua hay “impunidad generalizada”.
Mientras el exfiscal y abogado de la CPDH, Julio Montenegro, mencionó que las autoridades han estado procesando a jóvenes por el simple hecho de haber estado resguardando los tranques, lo cual no es delito.
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“Hay como protección para un lado y hay como un ensañamiento a otro (…) en cuanto a la aplicación de la supuesta ley, porque está en debate en cuanto a la aplicación de los ilícitos no corresponden al hecho, para los que estaban en los tranques, en las barricadas”, refirió Montenegro.