Más de 50 organizaciones, asociaciones movimientos y entidades, en su mayoría nacionales, así como internacionales son firmantes de una carta que dirigirán a los representantes de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), en la que solicitarán que convoquen de manera urgente a una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para que sea debatida la crisis en Nicaragua.
Los firmantes urgen al Consejo de Derechos Humanos “actuar ahora para detener la masiva violación de los derechos humanos de la población nicaragüense”.
En la misiva los firmantes destacan que “la erosión de los derechos humanos en Nicaragua se ha venido profundizando desde hace varios años mediante reformas a la Constitución, criminalización del disenso político de la sociedad civil y la partidización y fragilización de las instituciones nacionales”.
Y consideran que además de ser “una crisis devastadora” para Nicaragua, “su constante agravamiento es un peligro inminente para la estabilidad y la seguridad de la región de Centro América. El riesgo creciente de que la situación escale a un conflicto armado debe ser reconocido”.
Ramón Muñoz, en representación de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), en Ginebra, una de las firmantes dijo vía telefónica a LA PRENSA, explicó que lo importante de esta iniciativa es que llama la atención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis que vive Nicaragua, situación que hasta ahora no ha sido discutida en lo interno del Consejo, pues durante la última sesión la crisis estaba en pleno. Hasta ahora lo único que se han realizados son eventos paralelos implementados con organizaciones de la sociedad civil y a los que también asistió el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
Consejo no se ha pronunciado
No obstante, el Consejo como tal no se ha pronunciado sobre la crisis, así como sobre las muertes “y todas las atrocidades que están sucediendo”, en Nicaragua, expresó Muñoz, quien dijo que esta iniciativa expondrá la preocupación de la sociedad civil nicaragüense. Para que sea aprobada la sesión especial son necesarios 17 votos de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, es decir una tercera parte de los miembros, explicó Muñoz.
De ser aceptada una sesión, tendría una gran importancia, porque existen diferentes posibilidades que de esto podrían proceder los representantes. Una podría ser que permita una discusión exclusiva sobre la situación del país, en la cual todos los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos más el resto de miembros podrían de Naciones Unidas, se pueden pronunciar sobre la situación y podrían solicitar a Nicaragua una acción concreta para terminar con esta crisis conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. O en su lugar podría tomar una medida particular sobre Nicaragua como nombrar una comisión de investigación y enviarla al país y que rinda un informe posteriormente.
Una sesión extraordinaria, a criterio de Muñoz, tiene “muchísimo peso”, las que se realizan en situaciones de “crisis muy graves de derechos humanos” como ejemplo la de Siria, donde nombraron una comisión especial de investigación. Y si se logra sería un antecedente de gran importancia.
Destacó el hecho que en Nicaragua se reporten más de 300 muertes en más de tres meses, lo que calificó como “terrible” por tratarse sobre todo de un país tan pequeño como es Nicaragua y demuestra una violencia desatada y violación a derechos de libertad de expresión y manifestarse, lo cual también desestabiliza a la región, con consecuencias a largo plazo.
Y si no es aceptada una sesión extraordinaria, según Muñoz, también es importante pues permitiría abrir un debate y los estados se darán cuenta de la situación que enfrenta la población nicaragüense.
“Nosotros estamos más o menos bien informados de lo que está sucediendo en Nicaragua con los funcionarios de Naciones Unidas, si la respuesta es que no les han dado acceso a todos los lugares de detención al Chipote (…) y a los otros sitios, yo creo que eso va a tener una influencia porque los Estados pueden de eso sacar una conclusión, van a decir ah bueno, no colaboran con el Alto Comisionado , por lo tanto vamos a tener que hacer algo nosotros con el Consejo de Derechos Humanos, con la autoridad del Consejo”, expuso Muñoz.
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Llamado a comunidad internacional
La carta que será entregada en Ginebra, refieren que en vista de la crisis en que se encuentra sumergida Nicaragua desde que estallaron las protestas el 18 de abril y a petición de miembros de la sociedad civil nicaragüense, “hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reaccione de manera pronta y firme ante la situación urgente en el país”.
“La represión brutal de los ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno ha ido acompañada de amenazas, campañas de hostigamiento y desprestigio en contra de defensores de derechos humanos, sacerdotes, estudiantes, periodistas y otros participantes que han apoyado las protestas. Asimismo, medios de comunicación que han estado cubriendo los eventos han sido censurados y sus periodistas agredidos”, destaca la misiva.
Como resultado de la criminalización de los participantes en las protestas mencionan la Ley de Lavado de Dinero y Terrorismo aprobada el pasado 16 de julio, por la Asamblea Nacional que le permita al Gobierno procesar los actos de solidaridad de ciudadanos y organizaciones civiles en relación con las manifestaciones.
Entre los casos más recientes mencionados está el de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos el 13 de julio y procesados por delitos de terrorismo y asesinato, sin tener acceso a sus abogados, en total violación de su derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a representación legal adecuada.
Además del RIDH entre los firmantes están diversas organizaciones y movimientos nacionales así como reconocidas agrupaciones internacionales y de la región como Fundación Arias Para la Paz y el Progreso Humanos, Observatorio de Latinoamérica para la Libertad de Expresión (OLA), Asociación Mundial de Radios (Amarc), Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) y Human Rigts Foundation, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) entre otros.
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