Los equipos de trabajo tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) enfrentan un engorroso trámite de Cancillería para realizar su trabajo.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció este lunes la obstaculización del Gobierno de Nicaragua contra la misión internacional.
“A mí me parece un contrasentido (…el Gobierno) sabía que les daban esa autorización para que vinieran a hacer investigaciones y realizar las actividades que el mandato del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) tiene como mecanismo especial de la CIDH”, criticó Núñez, quien ahondó que el Gobierno ha decidido que aún para ir al Sistema Penitenciario o lugares donde ha habido conflictos tienen que obtener autorización de la Cancillería.
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Los representantes de ambas organizaciones sostuvieron, este lunes, una segunda reunión de trabajo con el Cenidh y organizaciones aliadas que tienen representación en los terrenos en conflicto. Al final del evento, decidieron no hablar con los medios.
Trabas para todo
Según Núñez, en dicho encuentro “afinamos mecanismos de coordinación para buscar cómo la relación con ellos sea más efectiva tanto para nosotros en función de las víctimas, como para ellos que están haciendo todo un esfuerzo por las limitaciones de carácter económico, las limitaciones de personal con que cuentan, sobre todo sorteando los obstáculos que el Gobierno les pone para todo, les exige que les tiene que pedir permiso”.
Núñez expuso durante la reunión que en el país se ha implementado un sistema de contramarchas desde el Gobierno, lo cual consideró peligroso.
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“Les explicamos la preocupación en general, los ribetes gravísimos que está tomando la lucha, la situación, porque ya no se trata solamente de reprimir manifestaciones, ahora hay un sistema de contramarcha que representa riesgo”.
Nueva etapa de represión
Por su parte Juanita Jiménez, de la Iniciativa de Defensoras, dijo que señalaron lo que consideran es una nueva etapa de la represión, con el tema de “la judicialización de la criminalización” y el rol que juegan los operadores del sistema de justicia.
Por ejemplo, menciona Jiménez, el hecho que se estén ejecutando capturas sin orden, que remiten a juicios a las personas por delitos que no han cometido “en generalidades de señalamiento o responsabilidades donde no hay garantía al debido proceso”.
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“Nosotras más bien hemos expresado con preocupación el tema de los presos políticos, creemos que es un elemento de alta violación de derechos humanos, donde hay información de sus familiares o de otros reos que están siendo torturados”, indicó.
Jiménez señaló también como preocupante casos de personas que no aparecen en ninguna acusación oficial por parte del Ministerio Público y que siguen detenidas desde hace mucho tiempo y que se consideran operaciones forzosas.
Trabajo de colaboración en el terreno
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, recordó que como Cenidh han formado parte de un grupo de organizaciones que en conjunto han efectuado gestiones ante la CIDH desde hace mucho tiempo.
Muchas veces lo han hecho con la participación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en audiencias conjuntas sobre temas específicos, como el del proyecto del Canal, derechos de las mujeres, entre otros. Igual hay otros temas que los ha gestionado solo el Cenidh, como el de los privados de libertad.
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Esa experiencia de trabajar en conjunto ante el sistema interamericano, dijo Núñez, la han querido adoptar en el terreno ante las instancias que han sido enviadas ante la crisis que enfrenta el país desde abril.
Para ello tratan de colaborar visibilizando ante ellos las denuncias o las situaciones graves de violaciones de derechos humanos que les llegan “y consideramos deben ser de la atención de estos organismos”, dijo Núñez.
La represión del Gobierno ha provocado más de 300 muertes, según la CIDH.
Situación es grave
Juanita Jiménez dijo que Nicaragua está en una escalada de represión con nuevas modalidades, que posiblemente por los resultados no sea igual a la ocurrida entre abril y junio, “pero que es superpeligrosa, porque implica que trasciende hacia la familia, hacia la comunidad, ese control represivo que se está haciendo de las ciudades donde el tema de la militarización es gravísimo, máxime (…) cuando se trata de fuerzas irregulares, un ejército paralelo, paramilitares, eso le agrega un elemento de mayor gravedad”.