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Un diálogo a la medida

Mientras el Consejo Permanente de la OEA aprueba una nueva resolución, que contempla la creación de un Grupo de Trabajo para Nicaragua, Ortega hace gestiones con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, con la Unión Europea y el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para involucrarlos en la mediación y el diálogo. Exige, asimismo, la participación de sus viejos aliados zancudos, los partidos pactistas, representados en la Asamblea.

El objetivo real de las gestiones diplomáticas orteguistas es el de desplazar a los obispos de la Conferencia Episcopal en su papel de mediadores y testigos del diálogo, o al menos mediatizarlos, incluyendo en el mismo a otros actores internacionales que visualiza como más favorables a sus intereses. Ortega quisiera ver a un Guterres sosteniendo posiciones equidistantes, condicionadas por el peso de China y Rusia, potencias que a través del veto controlan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ni los derechos humanos son materia susceptible de equidistancias ni Guterres puede desconocer el importante esfuerzo que viene haciendo la OEA como organización regional, desde el momento en que la misma Carta de la ONU indica que “los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad” (Arto. 52 de la Carta de la ONU).

El SICA, por otra parte, es una institución sumamente débil, que ni siquiera ha logrado los objetivos integracionistas establecidos en su carta constitutiva; sin ninguna capacidad para garantizar el cumplimiento de los eventuales acuerdos, como Ortega propone. Su secretario ejecutivo jamás ha gozado de autonomía, en un marco de actuación regido por el consenso y que, en consecuencia, estaría sometido al veto de Ortega.

El Grupo de Trabajo está vinculado a los objetivos de la resolución del 18 de julio de 2018, que entre otras cosas, expresa su apoyo al trabajo de los obispos. El esfuerzo fundamental de mediación seguirá recayendo, por tanto, en la Conferencia Episcopal. La ONU podría sumarse a la gestión diplomática regional, reservándose un papel más decisivo como garante de los eventuales acuerdos, en su verificación y seguimiento. El mandato del Grupo de Trabajo recién creado es amplio: “Contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”. Su resolución creadora abre una puerta para una colaboración más amplia, al decir que el Grupo de Trabajo para Nicaragua “coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales”.

De manera paralela se ha estado discutiendo en la OEA la suspensión de los créditos a Nicaragua por parte del BID.

Si Ortega insiste en cerrarle las puertas al Grupo de Trabajo, como ha anunciado, podría activarse una medida de esta naturaleza, por medio de los representantes de los países en el Directorio Ejecutivo del organismo financiero.

Lo que no es posible ni aceptable, para utilizar una expresión del secretario Almagro, es un “diálogo a la medida”, el verdadero objetivo que persigue Ortega con estos contactos e iniciativas. Si cree que va a engañar a la comunidad internacional, una vez más está equivocado. La aprobación de esta nueva Resolución por la OEA es una muestra palpable.

El autor es jurista y profesor universitario.

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