Los movimientos sociales y los ciudadanos democráticos autoconvocados, respaldados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que participa en el Diálogo Nacional como oponente del régimen de Daniel Ortega, realizarán este sábado en Managua una marcha nacional por la libertad de los presos políticos. Del mismo modo, el miércoles de la próxima semana la Alianza Cívica con el respaldo de las organizaciones sociales democráticas y los omnipresentes autoconvocados, llevarán a cabo otra gran marcha nacional en demanda de la libertad de los rehenes del régimen orteguista.
Los organismos de derechos humanos estiman en más de 130 la cantidad de presos políticos que hay en Nicaragua actualmente, encarcelados por participar en la rebelión popular cívica que estalló el 19 de abril pasado. Algunos de ellos han sido sometidos a juicios de odio, propios de las dictaduras totalitarias, pero además la Policía y las fuerzas paramilitares orteguistas no cesan la cacería humana en diferentes lugares del país.
Numerosos gobiernos democráticos y organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, demandan también la libertad de los presos políticos de Nicaragua. Cabe destacar entre ellos a los gobiernos de los Estados Unidos y Costa Rica, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero también lo han hecho representantes de otros países de las Américas y Europa, inclusive movimientos y personalidades de izquierda que en su época respaldaron la Revolución sandinista.
Sin embargo, además de los presos políticos es necesario reclamar por los desaparecidos durante la sangrienta represión de la dictadura contra la población, que son por lo menos 189 personas según denuncian los organismos defensores de los derechos humanos.
La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad. Así lo determinó la OEA en 1983 mientras que la Organización de Naciones Unidas aprobó, en diciembre de 2006, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, en la cual también se les califica de crimen contra la humanidad. De acuerdo con esta Convención, es desaparición forzada “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia del Estado…” O sea, exactamente lo que ocurre hoy en Nicaragua.
Las desapariciones forzadas son graves violaciones de los derechos humanos, equivalen a la supresión de la vida, por lo cual la Convención de la ONU señala que ningún culpable de este crimen debe escapar a la justicia.
Pero esto no debe ser solo algo retórico. La comunidad internacional tiene la obligación jurídica y moral de sancionar de la manera más rigurosa al gobierno que comete este abominable crimen de lesa humanidad.