Nicaragua es el segundo país de Centroamérica donde más caro resulta aprobar leyes

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dispuso de un presupuesto asignado de 10.58 millones de dólares para funcionar entre enero a junio del año en curso, y los diputados aprobaron siete leyes

09/08/2018
Hagamos Democracia, diputados, Nicaragua, presupuesto, leyes, gasto, acceso a la información

Los diputados orteguistas al ser mayoría en la Asamblea Nacional han incrementado la restricción al acceso a la información a la población, de acuerdo a Hagamos Democracia. LA PRENSA/ JADER FLORES

Cada ley que se aprueba en la Asamblea Nacional de Nicaragua cuesta 1.51 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo país de Centroamérica con el costo más alto de la región en producción de leyes, según el informe Desempeño Legislativo Enero-Junio  de 2018 del organismo no gubernamental Hagamos Democracia, en el que no se incluyó Honduras.

El informe indica que Guatemala es el que encabeza la lista: cada ley cuesta ahí 7.64 millones de dólares, una cifra que resulta de la simple división del presupuesto aprobado para este poder legislativo entre el número de leyes aprobadas. En el primer semestre de 2018, dice el documento, el Congreso guatemalteco  tenía aprobado 61.14 millones de dólares y sus legisladores aprobaron ocho leyes.

Isela Ruiz, directora de Prensa de Hagamos Democracia y autora del informe, explicó que  la información la obtuvieron de los sitios web oficiales de las instituciones durante los primeros meses del año. No se incorporó a Honduras debido a que el portal web de la Asamblea Legislativa está en construcción, por lo que no hay acceso a información completa.

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En el caso del Congreso de El Salvador manejó un presupuesto de 29.15 millones de dólares. Entre enero y junio, los legisladores de ese país aprobaron 55 leyes, entre nuevas y reformas a las actuales. Eso significó que a cada salvadoreño le costó 529 mil dólares cada ley.

Mientras la Asamblea Legislativa de Costa Rica es, de acuerdo al informe de Hagamos Democracia, la que dispone del presupuesto más bajo de Centroamérica. En la primera mitad del 2018 dispuso de 32,376.37 dólares y sus diputados aprobaron 13 nuevas normas legales. Cada ley costó 2,490.49 dólares.

El gasto de Nicaragua

En el caso de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dirigida por el diputado Gustavo Porras, dispuso de un presupuesto asignado de 10.58 millones de dólares para funcionar entre enero a junio del año en curso, y los diputados aprobaron siete nuevas leyes, detalla el informe de Hagamos Democracia.

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Ruiz explicó que en el resultado de los indicadores de Nicaragua reflejan “que no estamos muy bien porque además de que tiene su costo alto, hacemos énfasis en que el presupuesto asignado a la Asamblea no se aprueba primeramente” por los legisladores, sino que se hace de manera general de parte del Ministerio de Hacienda cuando se asignan los presupuesto anuales a ministerios y  poderes del Estado.

“No estamos para darnos ese lujo de estar gastando nuestros impuestos para que tenga el costo de una ley ese precio”, cuestionó Ruiz.

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Le cumplen a Ortega

De las siete leyes aprobadas en el primer semestre por la Asamblea, cuatro fueron iniciativas  presentadas por los diputados y tres propuestas por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.

Las más relevantes fueron las dos reformas a la reforma a la Ley de Identidad Ciudadana, la primera modificación fue para extender al 30 de abril de 2019 la vigencia de las cédulas de identidad que se vencían el 31 de enero de 2018. La segunda reforma a la Ley de Identificad Ciudadana fue para permitir la cedulación de los nicaragüenses que radican en el exterior.

La Ley del Digesto Jurídico en Banca y Finanzas, la Ley del Día de Amistad entre Nicaragua y Taiwán, y la aprobación con trámite de urgencia de la Ley de la Orden al Mérito Ejército Defensor de la Soberanía Nacional fueron de la producción de los diputados en entre enero y junio.

También fueron aprobados 18 decretos de préstamos con organismos internacionales, tres pensiones de gracias y sesenta personalidades jurídicas de las cuales 48 fueron impulsadas por la bancada oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Hagamos Democracia sostiene en su informe que hay serias restricciones al acceso a la información del trabajo legislativo por parte de la Asamblea.

“Hacemos énfasis en el acceso a la transparencia, porque es la manera en que los funcionarios garantizan la rendición de cuentas a la población. Pero si tenemos a un Parlamento que tiene una página web desactualizada, que de pronto tiene un Canal Parlamentario que es un noticiero más ligado a la publicidad del gobierno, entonces el ciudadano no tiene mecanismos efectivos para ese monitoreo”, criticó Ruiz.

Por su parte, Yader Loza, director de Hagamos Democracia, agregó otro problema es la falta de rendición de cuentas de los legisladores pues afirmó que si bien la Asamblea Nacional tiene una Oficina de Acceso a la Información “bien equipada”  “no está disponible toda la información que reclama la ciudadanía”, como por ejemplo el salario de los diputados y el detalle del uso del fondo social que reciben.

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