Por lo menos 26 pacientes de cáncer urológicos que estaban en lista de espera para ser operados en los próximos cinco meses del 2018 en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, deberán buscar otra solución, porque ese centro asistencial se quedó sin ese importante recurso médico porque la administración decidió despedirlo.
En Nicaragua ese servicio lo brindan hospitales a nivel de seguro social, por lo que quien no sea paciente asegurado, se deberá conformar con lo que haya.
“Tendrán que conformarse a ser atendidos por un médico recién egresado y que le diga ‘usted no tiene solución, hay que esperar a que se muera'”, aseguró el doctor José Luis Borge Rayo, quien recibió su carta de despido de ese centro asistencial, pese a sus 32 años de experiencia en el sistema de salud, es especialista en cirugía general y en urología con entrenamiento en trasplante de riñón y su principal función era atender pacientes con cáncer urológico.
Antes de que Borge llegara a ese centro asistencial, recuerda que únicamente practicaban cirugías básicas, las operaciones de cáncer urológico eran bajas y tenían que recurrir a brigadas médicas españolas, pero bajo su jefatura cambió la formación de recursos nuevos, “prácticamente implementé un programa de enseñanza que mejoró la formación de los recursos”.
Pero a Borge lo despidieron inventándole una causa de negligencia médica donde ni siquiera aparece la identidad del paciente, sin ver su expediente, ni el procedimiento adecuado por lo que considera que “tratan de encontrar una causal, porque a los primeros 110 médicos que corrieron en León, Jinotepe, Masaya las cartas de despido no tenían causa y la ilegalidad se demostraba grandemente”.
A criterio del especialista, para despedirles “te hacen una especie de misa negra, dicen: este médico es peligroso, este médico protesta, este médico se opone, este médico no acepta las arbitrariedades, las injusticias y puede levantar al resto del personal”.
Durante los días más cruentos de la represión contra la población Borge niega que haya atendido a heridos dentro del hospital “fuera si”. Pero además, Borge dice “me pusieron como blanco, uno no puede callar, me preguntaron si estaba de acuerdo, (dije) no estoy de acuerdo con la matanza”.
Se estima que igual que Borge el Ministerio de Salud (Minsa) ha despedido al menos a 135 médicos con lo cual el sistema de salud pierde calidad, pues entre los cesanteados hay galenos con especialidades y subespecialidades, que tienen promedio de 10 años, “eso significa que están aventándose 1,350 años de estudios y si tienen 25 años promedio en el servicio de salud significa que se están tirando a la basura 3,500 años de servicio de médicos”.
“Y la pérdida es para la población porque eran los médicos que teníamos mejor calidad de atención, con mejor relaciones con los pacientes”, dijo Borge, quien manifestó que en su caso por ejemplo, la reacción de los pacientes fue inmediata, pues “básicamente, si estás corriendo a los que tienen más estudios más experiencia y no tenés con quien reemplazarlo vas a tener a alguien recién egresado apenas un año y que no tiene entrenamiento completo, la calidad de atención es la que disminuye”.
Borge estima que a partir de ahora el Minsa ya no ordenará despidos masivos sino dirigidos como una labor de intimidación porque el temor es que se desencadene una respuesta rápida de los hospitales, entren a reclamo y el temor es el paro nacional de salud, por lo que de esa manera envían un mensaje, “que el que se opone está despedido y no solamente al gremio médico sino al resto de los trabajadores porque la lógica es que si son capaces de correr a los médicos que son cabeza en la atención de los pacientes son capaces de correr a enfermeras, técnico quirúrgico, personal de intendencia”.
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“Prácticamente es una labor de intimidación para que la gente no proteste ante las arbitrariedades que están sucediendo”, consideró Borge.
También Masaya
Javier Rojas, también fue despedido sin ninguna explicación, sin importar el fuero sindical pues es el secretario general de la Federación departamental de los trabajadores de la salud del Sindicato Independiente, en Masaya, donde fueron despedidos unos cinco trabajadores, entre ellos dos médicos.
Rojas dijo que las autoridades médicas en Masaya tampoco tomaron en cuenta la Ley de Carrera Sanitaria y el Convenio Colectivo, “que manda que se nos hagan procedimientos previos para poder cancelarnos el contrato”.
En su caso, dijo Rojas el director del hospital de Masaya se limitó a entregar una carta en que establecía que prescindían de su servicio.