Unos 46 testigos y peritos están propuestos por parte de la Fiscalía y las defensas, para evacuarse el próximo 14 de agosto, durante el juicio contra los blufileños Brandon Cristofer Lovo Tayler y Glen Abraham Slate, acusados de asesinar al periodista Ángel Gahona.
Los hechos acusados sucedieron el 21 de abril, mientras el comunicador daba cobertura a las protestas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ahora derogadas, en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua y recibió un disparo en la cabeza.
Familiares de víctimas y testigos de los hechos han sostenido que fue un policía quien disparó con precisión contra el periodista, mientras familiares de los procesados sostienen que los jóvenes son simples “chivos expiatorios”, para proteger al responsable.
En el juicio también están propuestos 58 videos del día de los hechos, tomados de diferentes ángulos y personas que estuvieron en el lugar, así como de cámaras de seguridad de negocios aledaños a la zona. De estos 58 videos, al menos 36 fueron propuestos por el Ministerio Público.
Estas pruebas pueden ser reducidas, ya que el mismo día 14 de agosto está programada a las 9:00 a.m una audiencia preparatoria previa al juicio. En esta se decidirá qué testigos y qué videos van a reproducirse según su aporte para el esclarecimiento de los hechos, explicó el abogado Maynor Curtis, defensa de Glen Slate.
Pruebas controvertidas
La Fiscalía en audiencia inicial, celebrada el viernes 18 de mayo, ofreció pruebas testimoniales y periciales que se contradicen con los hechos narrados en la acusación. Además, han creado gran controvercia e incredibilidad en las familias de los acusados, del asesinado y de la sociedad en general.
Por ejemplo, en la acusación dicen que presuntamente Brandon Lovo disparó el arma hechiza a una distancia de 69 metros contra la víctima Ángel Gahona, mientras el informe de balística indica que el tirador al momento de realizar el disparo contra Gahona se encontraba a 74.90 metros de distancia, lo que pone más en duda el alcance de una arma hechiza o artesanal.
Ante la inconsistencia, el representante de la víctima, Boanerge Fornos, solicitó se realizará una ampliación de la prueba de balística, donde las defensas solicitaron la participación de dos peritos de la materia, durante el disparo de prueba.
En juez dio lugar a los peritos independientes, pero el día de la prueba de oficio revocó su resolución, por lo que las defensas y el representate de la víctima no participaron en dicha prueba por estar viciada.
Resultado inverosimil
El 18 de julio se conoció el resultado de esta prueba practicada entre Policía y Ministerio Público y afirman que el arma hechiza tiene un alcance y efectos mortales hasta de 153 metros de distancia y que las postas o perdigones de las balas disparadas por las armas artesanales pueden causar lesiones y provocar la muerte de personas a una distancia de 153 metros e incluso hasta 350 metros de distancia.
Esta aseveración es vista como “irracional, fuera de todo lógica y sentido común”, de parte de las defensas.
Otro detalle que deja en duda la distancia a la que supuestamente le dispararon al periodista son las declaraciones del comisionado Luis Valle Corea, jefe de la delegación policial de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, quien está propuesto como testigo.
Este declaró: “las fuerzas policiales avanzan hacia la alcaldía con las fuerzas del GIR, por lo que los manifestantes se repliegan hacia el sur, a una distancia de cien metros, aproximadamente…”
Las defensas ofrecieron una prueba sobre el alcance de las escopetas artesanales o hechizas realizado por el perito GregorioVillacorta Cruz, en el lugar de los hechos.
Vicios procesales
Las defensas Amy García y Maynor Curtis han argumentado desde el inicio del proceso que hay violación al debido proceso, porque se le permitió a la Fiscalía evacuar a tres testigos como anticipo de prueba sin cumplir requisitos legales para ello.
Además, los sustrajeron de su juez competente porque los hechos sucedieron en Bluefield y no en Managua y aunque lo quieran reparar con las reformas de la ley 952, porque el legislador no aclaró cuáles son las circunstancias para clasificar los casos como relevancia social y trascendencia nacional.
También señalan como vicio el hecho que el juez Rodríguez de oficio revocó su resolución y no permitió la presencia de peritos independientes en la ampliación de la prueba de balística. También destacan el secretismo con que han realizado las audiencias, sin presencia de medios de comunicación a pesar que ellos lo han pedido.