Población no puede normalizar la violencia gubernamental, según especialistas

Pese a que los policias encapuchados y armados permanecen en las ciudades del país, y la población salga a realizar sus compras y trate de desarrollar sus actividades, no significa que este normalizando la violencia gubernamental.

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Sobre el uso de pasamontañas, Francisco Díaz aseguró al medio noruego que «legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pasamontañas para proteger identidades». LA PRENSA/AFP

Varias ciudades en Nicaragua siguen bajo la vigilancia de policías encapuchados y armados junto a paramilitares. En medio de este panorama, la población realiza sus compras y hace otras actividades obligatorias, lo que no significa que exista una normalización de la violencia.

Para el experto en temas de seguridad Roberto Cajina, el hecho de vivir bajo amenazas de policías, antimotines y paramilitares no es un signo de normalización de la violencia, sino del mantenimiento de la violencia. Él lo denomina como “una normalización impuesta por la violencia que representan paramilitares”.

En Masaya, Diriamba y Jinotepe se reportan redadas policiales en contra de los ciudadanos que participaron en las protestas en contra del régimen del presidente designado, Daniel Ortega, y en algunos casos, los capturados son ajenos a las manifestaciones.

El Gobierno, que desde un inicio no reconoció el derecho a las protestas por parte de la población y mandó a grupos armados junto con la Policía para imponer “su normalidad” a las ciudades que se alzaron en contra del régimen de Ortega, ha dejado varias zonas del país bajo la presencia de policías armados, quienes también han tomado casas como cuarteles.

Para Cajina, entre las razones del porqué estos grupos aún permanecen en determinadas ciudades se debe a la disuasión (para que la gente no vuelva a rebelarse), mantener a la población en un estado de terror, de temor, mostrar quién mandan y quién tiene el poder, además de “una sed de venganza, no de justicia”.

“Hay una especie de sed de venganza contra quienes osaron retar al régimen, y quienes osaron retar al régimen son perseguidos, son asediados, capturados”, indicó el especialista.

Por su parte, el investigador Mario Sánchez considera que las personas no se acostumbran a vivir dentro de un clima de violencia política, y al contrario, pueden crear mecanismos de adaptación para salir adelante.

La postura de Sánchez la basa en la historia misma del país, ya que los nicaragüenses no soportaron la ola de represión del dictador  Anastasio Somoza, y ahora está pasando lo mismo, pero con Ortega.

La violencia gubernamental ha dejado 450 víctimas, según el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), además de desaparecidos, familias que fueron forzadas a migrar para no ser víctimas de la cacería ejecutada en el país, ciudadanos que están detenidos, y otros, enfrentan procesos judiciales cuestionables.

Mientras todo esto sucede, el Gobierno asegura que el país ha regresado a la normalidad y mantiene su discurso que seguirán exigiendo justicia por 198 muertos desde el 19 de abril hasta el 12 de agosto, de acuerdo con sus propias cifras maquilladas.

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Nuevas formas de lucha cívica

Los tranques o barricadas se empezaron a instalar en las principales vías del país en el mes de mayo, como una forma de protesta pacífica para exigir la salida del presidente designado, Daniel Ortega. Para el experto en temas de seguridad Roberto Cajina, la época de tranques ya pasó.

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Con las barricadas se probó su efectividad, hasta que con lujo de violencia y fuerza, auxiliándose de maquinaria pesada fueron demolidas. Esto también conllevó una cantidad de muertos. Por ello, Cajina considera que la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia debe reinventar nuevas formas de lucha, ya que los tranques dejaron varias víctimas mortales, y de lo que se trata es evitarlas.

Las nuevas formas de protestas permitirían vincular tres factores que son claves en la solución del conflicto sociopolítico: mantener la presión social, impulsar la presión internacional y luego la posibilidad de un paro nacional.

84 muertos dejó la represión gubernamental en Managua, según los datos del oficialismo, que reconoce 198 víctimas. La segunda ciudad con mayor cantidad de muertos es Masaya con 25.

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