CIDH: Situación de Nicaragua «no es normal»

Hay criminalización de la protesta, estigmatización y hostigamiento, afirma la relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Antonia Urrejola

CIDH, Nicaragua

Los miembros de la CIDH constataron los abusos a los derechos humanos en la jornada de represión gubernamental. LA PRENSA/Óscar Navarrete

El hecho que en Nicaragua no hayan barricadas, ni gente atrincherada, no es indicativo de normalidad, asegura la relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Antonia Urrejola. Desde que iniciaron las protestas en el país, el oficialismo se afanó en desmontar los tranques para acallar las voces contra la represión y para hacer creer que es una situación superada.

Lea además: Gobierno sandinista obstaculiza el trabajo de la misión internacional en Nicaragua

Sin embargo, la apreciación que tiene la relatora de país de la CIDH es contraria al discurso oficialista que a diario mantiene la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, quien describe un país en normalidad.

La comisionada Urrejola califica de “gravísima” la situación de derechos humanos en el país que, según cifras de la CIDH, reporta 317 muertes.

Puede leer: Paramilitares no paran de secuestrar ciudadanos en pleno día

Según Urrejola, aún con la cifra oficial de 197 muertes “es sin lugar a dudas un número alarmante y preocupante”.

La opinión de la comisionada está basada en las denuncias que sigue recibiendo el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) sobre la represión selectiva, asedio y hostigamiento que mantiene el Gobierno contra la población que ha participado en las protestas.

Represión que también se ve expresada en despidos arbitrarios de empleados públicos y desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses, como explica Urrejola en esta entrevista vía correo electrónico con LA PRENSA.

Además: CIDH denuncia abusos en procesos judiciales en contra de ciudadanos que protestaron contra el régimen

El Gobierno intenta hacer creer que Nicaragua entró a la normalidad después que despejaron las vías de las barricadas. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted?

Me parece que no puede hablarse de normalidad aun cuando ya no hay tranques a lo largo del país. Tal como hemos señalado en nuestro comunicados, el Meseni ha recibido numerosas denuncias que dan cuenta de una represión selectiva a través de detenciones a personas que participaron de las protestas, un patrón de criminalización de la protesta bajo cargos infundados y desproporcionados y un problema serio de acceso a la debida defensa y debido proceso de conformidad a los estándares.

Lea: Daniel Ortega ignora los llamados al Diálogo Nacional

El Meseni ha solicitado en varias situaciones información al Gobierno sobre el número total de detenidos y los cargos que se le formulan. Sin embargo, no hemos obtenido aún esa información. Hay una situación preocupante de estigmatización y hostigamiento contra las voces disidentes.

Se sigue amenazando a personas a través de las redes sociales y continúa el asedio a las familias de los detenidos o de personas que han participado en las protestas a lo largo del país. Las denuncias recibidas sobre despidos sin justificación a los profesionales de salud como represalia a su labor en la atención de los heridos es otra situación que denota que no estamos ante la normalidad. Finalmente, hemos recibido numerosas denuncias e información sobre el desplazamiento de nicaragüenses fuera del país. La cifra de 23,000 solicitudes de refugio en Costa Rica es alarmante y no puede calificarse como normal.

A la represión con armas, le han seguido los despidos de empleados públicos y exilio forzado. ¿Cómo se explica esta situación?

Además: Enrique Bolaños escapó a tres maniobras golpistas de Ortega

El Meseni desde el primer informe emitido sobre la situación en Nicaragua ha identificado tres etapas en esta crisis, caracterizadas por diferentes formas de represión, todas las cuales han supuesto la violación de los derechos de las personas. Actualmente lo que constatamos es una represión selectiva que tiene distintas formas hacia las personas que han participado de diferentes maneras en las protestas y, en general, hacia las voces disidentes. Los actos de violencia, persecución, hostigamiento y amenazas contra los opositores y contra las personas defensoras de derechos humanos provocan que mucha gente decida abandonar el país para resguardar su integridad personal y la de sus familiares.

Desde el pasado 18 de abril, la represión orteguista ha dejado más de 300 personas asesinadas. LA PRENSA/ JADER FLORES
Desde el pasado 18 de abril, la represión orteguista ha dejado más de 300 personas asesinadas. El ataque a la Marchas de las Madres es una de las recordadas. LA PRENSA/ JADER FLORES

¿Cuál es su apreciación sobre los señalamientos de “manipulación” de las cifras de muertes que de forma reiterada ha hecho el Gobierno a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales?

Las cifras de personas fallecidas reflejadas por la CIDH son austeras y son el resultado de una rigurosa labor técnica de monitoreo en terreno. Sin embargo, la falta de datos oficiales transparentes y fiables dificulta esa labor. Por ello, hemos solicitado la lista actualizada de fallecidos y hemos pedido reuniones con el Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público para el ejercicio conjunto de verificación de datos. De hecho, la conferencia del miércoles es la primera comunicación oficial y pública del Gobierno de Nicaragua sobre la materia y de ella no puede suponerse que nuestros datos sean erróneos. Hemos señalado al Gobierno nuestra disposición a consolidar información para depurar la información de la que dispone la opinión pública sobre la grave situación de derechos humanos que enfrenta Nicaragua. Nos parece en todo caso que la cifra oficial del Gobierno, de 197 víctimas fatales, es sin lugar a dudas un número alarmante y preocupante.

También: Obispo Silvio Báez: “No más cacería humana de parte del Gobierno”

¿Y aunque el Gobierno insiste en reconocer 197 muertes, qué impresión tiene, desde la perspectiva de derechos humanos, que una actuación del Gobierno contra manifestantes pacíficos haya causado estos resultados?

Nuestra información indica que las víctimas fatales son 317. Sin embargo, como ya le señalé, en cualquier caso, la situación de derechos humanos es gravísima, desde cualquier perspectiva comparada.

En el transcurso de la llamada operación limpieza del Gobierno, ocurrieron varios hechos donde los niveles de represión fueron mayores, casos como Masaya, Morrito y Empalme de Lóvago, entre otros, donde la población demandó la presencia del Meseni, pero no ocurrió.

¿Qué sucedió en esos casos, les impidieron movilizarse, ha faltado cooperación del Estado en el libre desplazamiento al terreno, han sido afectados en el trabajo de seguimiento?

El Gobierno ha solicitado que coordinemos con las autoridades cualquier visita a terreno que se haga a dependencias públicas, así como respecto de desplazamientos fuera de Managua. Por ello hay visitas que aún no hemos podido realizar, tales como presenciar audiencias judiciales, visitar algunas cárceles como La Esperanza, etc. Esperamos que esta situación la resolvamos prontamente.

También: Grupo de la OEA actuará con o sin aceptación de Ortega

Trayectoria de la comisionada

La comisionada Antonia Urrejola Noguera es originaria de Chile. Fue elegida el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para un período de cuatro años, que inició el 1 de enero de 2018.

Según el sitio web de la CIDH, Urrejola es la relatora para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Es abogada egresada de la Universidad de Chile con postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a la infancia, diversidad sexual e institucionalidad de derechos humanos. Trabajó en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y se desempeñó en el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Planificación y Cooperación en Chile. Fue asesora del Ministerio del Interior, participando en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley sobre instituciones nacionales de derechos humanos, prisión política y tortura, entre otros.

Castigo y reparación

Una de las principales demandas de las familias de las víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua, desde el 18 de abril hasta la fecha, ha sido que haya justicia. Para la relatora de país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Antonia Urrejola, “la voluntad del Gobierno de producir verdad, justicia y reparación por los hechos ocurridos desde el 18 de abril recién pasado, se va a demostrar cuando se investiguen imparcialmente los hechos, se castigue a los culpables y se disponga la reparación de las víctimas, antes de eso, no podemos hablar de voluntad”.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: