Pese a reconocer que en tres meses de crisis sociopolítica 8,708 empresas cerraron y mandaron al desempleo a 119,567 trabajadores, el Gobierno quiere recuperar los ingresos que dejó de percibir durante este lapso, mediante la reducción de las exoneraciones y exenciones que recibe el sector privado.
Los empresarios responden que eso provocará alza en los precios y más desempleo, pero el planteamiento gubernamental fue realizado por el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión económica y uno de los funcionarios más cercanos a la pareja presidencial, durante la aprobación este martes de la reforma al presupuesto de este año.
“No es creando nuevos impuestos, no es creando nuevos tributos, no, es haciéndole pagar correctamente al que debe de pagar tributos revisando nuestros esquemas de exenciones y exoneraciones que solo ahí se nos van más de 3.5 puntos del PIB anualmente”, señaló Gutiérrez.
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Según las cifras de Gutiérrez, “la escalada golpista de estos tres meses dejó una reducción consolidada de 2.2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)” entre la reducción de ingresos del Gobierno y los generados por las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Solamente con una reforma fiscal bien hecha, podríamos nosotros revertir los efectos dañinos que nos ha dejado este fallido golpe de Estado”, aseguró Gutiérrez durante la aprobación de la reforma al presupuesto.
El diputado sandinista también aclaró “no podemos negar que más adelante tenemos que enfrentar una reforma fiscal, una reforma tributaria. Claro que tenemos que enfrentar una reforma tributaria, necesitamos revisar nuestra estructura tributaria porque creo que nosotros tenemos todavía espacio fiscal y espacios tributarios para poder hacer crecer nuestras recaudaciones”.
Historia de exoneraciones
El esquema de exoneraciones y exenciones existe en el país desde hace cincuenta años y, aunque en los últimos años el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió en diversas ocasiones al Gobierno eliminarlo, este fue uno de los beneficios que se mantuvo al sector privado en los últimos once años gracias al modelo de diálogo-consenso con el gobierno de Daniel Ortega.
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Debido a la ruptura de dicha alianza, a raíz de la crisis social que inició el 18 de abril, ahora el Ejecutivo amenaza con suspender estos beneficios que, para el sector privado, garantizan entre otras cosas que los productos de la canasta básica no paguen impuestos.
Empresarios advierten
“Los más afectados con una decisión de este tipo serán los consumidores finales y, en segundo lugar, el empleo.
Porque las empresas que sean suficientemente elásticas para pagar estos impuestos tendrán que trasladarlos al precio que paga el consumidor final; y en el caso de aquellas que no puedan hacerlo, simplemente van a verse forzadas a reducirse y eso implicar reducir más empleos de los que ya se han perdido”, advirtió el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
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El país vive el día 120 de protestas ciudadanas, que han sido brutalmente reprimidas por el Gobierno, dejando un saldo de más de 440 muertos, miles de heridos, cientos de presos y encarcelados y millonarias pérdidas económicas que, según el Ejecutivo, rondan los 1,238 millones de dólares.
Para el presidente del Cosep, el problema de la decisión de revisar el tema de las exenciones es que surge de una premisa gubernamental que no es la real.
Aguerri explicó que todas estas afectaciones a la economía nacieron de una crisis política surgida por la represión gubernamental y mientras no hay respuesta al problema político “todas estas medidas paliativas serán insuficientes”.
El sector privado niega que el país haya vuelto a la “normalidad” y mantiene que la prioridad sigue siendo que haya justicia para las víctimas, así como el cese de la represión y la liberación de los presos políticos.
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El discurso gubernamental insiste en que el país volvió a la normalidad. Durante la presentación de la propuesta de reforma al Presupuesto General de la República, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo que para lograrlo se requerirá del esfuerzo de todos.
“Algunos preguntan que cuándo volvemos a la normalidad. Ya vino un norteamericano hace como setenta días a decirles la economía no es un switch que se apaga y se enciende. Para volver al punto donde estábamos (antes del inicio de la crisis el 18 de abril) debemos hacer esfuerzos todos, trabajadores, productores, empresarios, porque el país se lo merece”, señaló Acosta.
El ministro calificó como falta de solidaridad del sector empresarial el despido de 119,567 trabajadores formales, pero no se refirió a las decenas de empleados públicos, principalmente del sector salud y educación, que han sido despedidos por desobedecer la orden de no atender a las víctimas de la represión o por participar en las protestas ciudadanas. Acosta cuantificó en 508 millones de dólares las pérdidas del sector turístico, uno de los más afectados.
Quita para dar a otro
Mientras el Gobierno amenaza con recuperar los ingresos que dejó de percibir durante la crisis, mediante la suspensión de exoneraciones y exenciones al sector privado —que aprobaría a través de una reforma fiscal—, el Ejecutivo premió ayer a algunas instituciones estatales mediante la reforma al Presupuesto General de la República, que aplicó uno de los recortes al gasto más grande de los últimos años.
Mientras ministerios claves como el de Salud y Educación registraron millonarios recortes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) recibió un incremento de 94.93 millones de córdobas para gasto corriente. De este monto, 47.80 millones son para gastos de telefonía y 47.12 millones de córdobas para comisiones y gastos bancarios.
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Otra premiada por el Estado fue la estatal Empresa de Petróleos de Nicaragua (Petronic) con un incremento de 459.75 millones de córdobas en concepto de “subsidio a cooperativas”. Esta compañía es una de las más ineficientes del Estado, según los expertos consultados.