CIDH preocupada por desplazamiento forzado de nicaragüenses

CIDH urge a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptar medidas que permita a los nicaragüenses en migración forzada reciban protección internacional

Migrantes que pasan de forma ilegal en la frontera con Costa Rica. LAPRENSA/J.Torres/ARCHIVOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses, como consecuencia de sus opiniones políticas y de las graves violaciones de derechos humanos y las prácticas de persecución y criminalización por parte del Estado y actores no estatales «tales como grupos parapoliciales» existentes en el país a raíz de las protestas que comenzaron el 18 de abril.

«La Comisión urge a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de sus derechos humanos, brindarles protección internacional y reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida para atender la situación de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a migrar», señala un comunicado de prensa de la CIDH.

Ese organismo señala que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), ha recabado información que indica que entre los que han emigrado corresponden a diferentes sectores entre los que menciona estudiantes, manifestantes, víctimas y sus familiares, testigos, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, personal médico y de salud, pueblos indígenas, entre otros, quienes «se han visto forzadas a huir de sus hogares y en algunos casos esconderse en casas de seguridad».

«En los casos más graves, las personas se han visto forzadas a migrar a otros países para buscar protección internacional como resultado de la activación de diversas formas de persecución judicial y criminalización en su contra. Tras el inicio de la represión estatal a las protestas, la CIDH ha observado un incremento significativo en la salida a otros países y en las solicitudes de asilo de personas nicaragüenses, especialmente en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos», señala el comunicado de prensa de la CIDH.

La relatora de país por la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, destaca que “en un primer momento la actuación del Estado nicaragüense se caracterizó por reprimir violentamente las protestas, lo cual luego fue evolucionando a la persecución selectiva, detenciones arbitrarias y prácticas de criminalización de disidentes y sus familiares. Esto ha ocasionado que miles de personas se hayan visto forzadas a esconderse y desplazarse, incluso llegando al punto de verse forzadas a huir de Nicaragua para buscar protección internacional en otros países”.

Y recuerda la CIDH que en su informe Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, ya había observado que un gran número de personas nicaragüenses se habían visto forzadas a realizar desplazamientos intraurbanos dentro del mismo municipio, o trasladarse a otras ciudades debido al recrudecimiento y la prolongación de la violencia que había surgido tras el inicio de la represión a las protestas de abril de 2018.

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El relator sobre los Derechos de los Migrantes, Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, manifestó: “el aumento en las solicitudes de asilo y de las personas que están buscando salir de Nicaragua requieren que los Estados de la región sean comprensivos ante la situación de las personas nicaragüenses y estén preparados para brindar una respuesta efectiva, compartida y basada en derechos humanos para evitar caer en una crisis de protección en la región”.

Sean reconocidos como refugiados

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó que  “estamos ante una grave situación que requiere que muchas de estas personas sean reconocidas como refugiadas, y por tanto, del liderazgo, la voluntad política y la responsabilidad compartida de los Estados de la región para responder a esta crisis”.

En consideración a la grave crisis de derechos humanos que afecta a Nicaragua, la CIDH saluda la decisión del Estado costarricense de dejar abiertas sus fronteras y de habilitar dos albergues con capacidad de 2,000 personas para atender a las personas que huyen hacia dicho país.

En este sentido, la Comisión urge a los Estados de la región a establecer canales legales, regulares y seguros de la migración. Asimismo, los Estados deben garantizar el ingreso al territorio, la no detención como regla y el acceso a procedimientos de asilo con las debidas garantías, asegurando la protección correspondiente a las personas refugiadas cuando reúnan los requisitos para ello.

Defensores en situación de vulnerabilidad

La CIDH también destaca la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las defensores y defensores de derechos humanos y menciona su preocupación por el cierre temporal de las oficinas centrales de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la salida de Nicaragua hacia Costa Rica de varios de sus integrantes, entre los cuales se encontraba el secretario ejecutivo de dicha organización, Álvaro Leiva Sánchez, beneficiario de medidas cautelares por parte de la CIDH, «como consecuencia de las amenazas y el asedio por parte de grupos armados».

La CIDH recuerda que la falta de una investigación efectiva de hechos violentos, así como la situación de impunidad, pueden menoscabar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y contribuir a condiciones de inseguridad. Además, dicha situación de impunidad puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado.

«La CIDH insta al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones relativas al derecho de libre circulación y residencia, incluyendo la posibilidad de que cualquier persona pueda salir de su territorio, tal como lo establece el artículo 22.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», destaca el comunicado de prensa.

 

 

 

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