Tomas de tierras constituyen una herencia grave de Daniel Ortega a futuros gobiernos

Si los gobiernos futuros decidieran indemnizar a los dueños de las tierras tomadas, el economista Enrique Sáenz, considera que serían una "señal fatal".

Algunos tomatierras han colocado las banderas del FSLN,y buses del servicio público han acarreado a sus habitantes a actos partidarios. LAPRENSA/J.FLORES

Las tomas de tierras organizadas como venganza política del régimen del presidente designado, Daniel Ortega, son un grave problema social, político y económico que el actual dictador heredará a gobiernos venideros, analizó el sociólogo Cirilo Otero.

Las familias que se asentaron sobre propiedad privada desde mayo pasado alzan casas hechas de palos y plástico, pero a medida que pasa el tiempo y conservan el respaldo por el Gobierno, los precaristas siguen invirtiendo en sus viviendas, instalan agua potable y se conectan al servicio de luz eléctrica.

Otero explica que las tomas de tierras es un instrumento que Ortega ha utilizado desde la década de los ochenta. En el contexto actual, los tomatierras representan dos perfiles para el Gobierno; uno, centrado en “quedar bien” con ese grupo de personas con problemas de acceso a la tierra y viviendas, y dos, es un mensaje que envía a los propietarios grandes y medianos que no están de acuerdo con él, como un instrumento de presión, “por eso le llamo como un terrorismo de Estado”, indicó el experto.

Ante la permanencia de más de dos meses de los tomatierras en áreas privadas, Otero explica que la situación tiene dos costos: el económico, por la indemnización a los propietarios de las tierras, y el costo político, ya que estas personas pensarán que estaban bien con el antiguo Gobierno.

El sociólogo considera que desde el punto de vista humano, lo primero que debería hacer el próximo gobierno sería indemnizar a los propietarios y darle un terreno a las personas que están ahí, pero, en términos de derecho, de justicia, lo que se necesita es que la gente que invadió salga de ahí, y que las tierras sean entregadas al verdadero propietario.

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Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), expresó que se deben devolver las tierras que se han tomado, lo que implicaría un mensaje positivo para los inversionistas, de no hacerlo, se crearía un caos en el país, consideró.

Por su parte, el exdiputado Agustín Jarquín Anaya explicó que es muy difícil que en un futuro con otro gobierno, este emita un desalojo de los tomatierras y se tendría que iniciar un proceso de negociación, como se hizo en los años ochenta para regularizar una situación similar.

Para Jarquín Anaya, la invasión de la propiedad privada o tomas de tierras “es una regresión en una situación que se había superado”.

“El señor Ortega (Daniel) está incurriendo en eso y le está haciendo un daño al país, y sobre todo a las futuras generaciones de Nicaragua”, dijo el exdiputado.

Las tomas de tierras se empezaron a extender en diferentes zonas del país desde el mes de mayo. Estas personas identifican sus lotes con banderas del partido de Gobierno.

Impacto económico

Para el economista Enrique Sáenz, las tomas de tierras hasta ahora no significan un problema masivo; no parece ser un problema extendido, dijo. Dichas situaciones deberán resolverse caso por caso para discernir, si alguno de estos se trata de un problema social, explicó. Por ejemplo, “en la ocupación de empresas donde claramente se trata de actos que no tienen ninguna connotación social cualquier nuevo gobierno deberá restituirlos a sus legítimos dueños”, sostuvo.

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Si un nuevo gobierno se declinara por indemnizar las tierras tomadas, el economista considera que “sería una señal fatal porque representaría una invitación a generalizar las tomas de tierras. Es decir, otorgar un premio a las acciones delincuenciales impulsadas por el orteguismo”.