No sé si fue en la tercera sesión del Diálogo Nacional encomendado a la Conferencia Episcopal, cuando el secretario de la misma, monseñor Rolando Álvarez Lagos, leyó un documento que contenía una serie de planteamientos al Gobierno recogidos por los señores obispos en su carácter de mediadores y testigos. Cuando monseñor Álvarez leyó que se le pedía al presidente de la República que adelantara las elecciones y se señalara fecha para las mismas, lo interrumpió el canciller Moncada Colindres y dijo que los obispos estaban promoviendo un golpe de Estado.
Monseñor Silvio José Báez inmediatamente le contestó que nadie estaba proponiendo un golpe de Estado.
Desde ese momento se comenzó a llamar a los manifestante pacíficos que por miles han desfilado por las calles del país, “terroristas y golpistas”. El epíteto se ha generalizado porque el presidente los llama de este modo, la señora vicepresidenta en sus “melosas” alocuciones diarias por los canales de televisión de su familia, también llama a los reclamantes de justicia como golpistas y la frase se repite entre los “minúsculos” grupos que aún son fieles al danielismo.
Cabe entonces preguntarse: ¿La petición de adelantar las elecciones generales constituye la insinuación a un golpe de Estado? La respuesta es negativa porque no se promovió un cambio de gobierno anticonstitucional y violento para derrocar al gobierno, le faltó el elemento esencial de que el movimiento para deponer al gobierno hubiera sido propiciado por elementos oficiales, aprovechándose de la fuerza y el poder que sus posiciones políticas o militares les concede.
El golpe de Estado tiene por objeto derribar el aparato estatal constituido sustituyéndolo por otro. El documento que leyó monseñor Álvarez Lagos obviamente no tenía intenciones de cambiar el orden constitucional y destituir al presidente de la República. El documento recogía el pensar del Diálogo Nacional que por cierto estaba presidido por los señores obispos por petición del presidente Daniel Ortega, además, el mandatario al inicio de la crisis había ofrecido y estaba negociando ese adelanto de las elecciones, por una parte con el señor Almagro, secretario de la OEA, y por otra con dos delegados del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos.
Por lo tanto los manifestantes pacíficos que han marchado tantas veces por las calles portando como única arma la bandera de la patria, no son golpistas, los ciudadanos que hacen plantones o se refugian en sus universidades no son golpistas, tampoco lo son los miembros de la iniciativa privada que han decretado “paros” generales que han tenido un éxito rotundo, tampoco son golpistas los médicos que han curado las heridas provocadas por las armas de los paramilitares y policías, salvando centenas de vidas y, finalmente no lo somos los que simplemente nos oponemos al gobierno dictatorial del matrimonio Ortega Murillo.
El autor es abogado.