Pese a que el 27 de abril trascendió de forma extraoficial que la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, habría renunciado al cargo, el Gobierno mantuvo silencio sin revelar un posible sucesor, pero todo hace indicar que mantendrá en el cargo al comisionado general Francisco Díaz, consuegro de la pareja designada por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esto se deduce de lo expresado por Ortega en las dos últimas comparecencias públicas. El 31 de julio durante el 39 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, al saludar a sus subalternos este se dirigió a su consuegro como “querido compañero director general de la Policía Nacional por Ministerio de Ley”.
El 13 de agosto durante el acto del 38 aniversario de la Fuerza Naval, Ortega volvió a saludarle casi en los mismos términos “querido compañero director general de la Policía Nacional por Ministerio de Ley, comisionado general Francisco Díaz Madriz”, de quien extraoficialmente se conoce que desde hace tiempo había sustituido a Granera.
Hasta ahora se desconoce si Granera pasó a la vida civil con la anuencia de Ortega o si continúa en las filas policiales ¿cuál es el trabajo que desempeña?.
De haber sido aceptada la renuncia de Granera desde el pasado mes de abril, el 5 de septiembre aniversario de fundación de la Policía, Ortega deberá hacer oficial el nombramiento del sustituto de Granera.
De acuerdo al artículo 47 del capítulo cuarto de la Ley 872 que reforma la Ley 228 orgánica de la Policía Nacional, el director de la Policía debió ser nombrado el 5 de julio, pero hasta ahora no ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta el nombramiento.
“El presidente de la República en su carácter de jefe supremo de la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la Policía Nacional por un período de cinco años, entre los miembros de la Jefatura Nacional, que tengan el grado de comisionado o comisionada general. El nombramiento se efectuará los días cinco de julio del año en que corresponda y tomará posesión el cinco de septiembre del mismo año”, dice parte del artículo 47 de la Ley 872.
Justamente el mismo 5 de julio pasado el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Díaz entre los allegados al régimen sancionados con la Ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos. En el caso de Díaz, es señalado de que bajo su mando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes desde el 18 de abril .
Contradictoriamente Granera que asumió el cargo el 5 de septiembre de 2006 y mantenida en el cargo contra todo pronóstico en septiembre desde 2016, desde entonces había sido apartada de la dirección del cuerpo policial y todo el mando lo ha ejercido Díaz.
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No obstante, al momento de conocer la renuncia de Díaz, investigadores en el tema de seguridad consideraron que pese a su probable salida de la institución, Granera no quedaba del todo liberada de la responsabilidad de los primeros hechos de violencia registrados en abril pasado contra manifestantes.
Existe una denuncia presentada en abril pasado por la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) en la Fiscalía contra las autoridades del Gobierno por la represión de abril entre la cual fue incluida Granera.
Busca demostrar que él tiene el control
Para el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, con esto Ortega intenta demostrar que él tiene el control de la Policía.
Y Díaz, es una persona que ha sido señalada de violación de derechos humanos y sobre todo las muertes que se le imputan a la Policía, definitivamente este hombre debería estar preso”, aseguró Carmona.
“Al final está la Aminta o esté Francisco Díaz son personas que no representan ninguna garantía para que haya profesionalismo en la institución, sino lo que representa es la sumisión a un partido político”, agregó el secretario de la CPDH.