El doctor Álvaro Leiva está en Costa Rica ante una posible orden de captura en su contra. Ha recibido amenazas. El gobierno de Daniel Ortega no lo tiene bien visto por el apoyo que le ha dado a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos desde que el pasado 18 de abril iniciaron las actuales protestas de la población, en las que ya han muerto más de 448 ciudadanos.
A los 55 años de edad, Leiva estuvo exiliado en Guatemala, a finales de los años ochenta, y ha sido ayudante de albañilería en Estados Unidos. En Nicaragua estudió Medicina cuando era joven, pero no terminó la carrera y cuando tenía 40 años comenzó a estudiar Derecho. Incursionó en la defensa de los derechos humanos cuando se especializó en Derecho Laboral, luego fue asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y hace tres años dieron la responsabilidad de dirigir la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
En esta entrevista explica cómo continúa trabajando en pro de los derechos humanos de los nicaragüenses, pero también analiza el comportamiento del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este tema. En la conversación, realizada vía Skype, por momentos habla con cuidado pero al final critica sin vacilar a Ortega y afirma que con sus discursos Murillo ha dividido a los nicaragüenses.
¿Cómo valora la relación de Daniel Ortega con el respeto a los derechos humanos?
Hasta el día de hoy el gobierno de Daniel Ortega no ha demostrado una voluntad política de mejorar la radiografía de derechos humanos de los nicaragüenses, como un mandato constitucional establecido en el artículo 46 de la Constitución Política y como una obligación con la comunidad internacional, a través de todos los instrumentos jurídicos internacionales que ha ratificado el Estado de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos y en el sistema interamericano, y en Naciones Unidas en el sistema universal.
¿Cómo explica ese desprecio por los derechos humanos por parte de Ortega?
Lo miramos como una situación de intolerancia y sobre todo de un Gobierno que no tiene la voluntad de escuchar al supremo, que es el pueblo de Nicaragua, en el sentido de que lo único que pretende es perpetuarse en el poder, en contra de la voluntad de los ciudadanos que se han manifestado y han protestado cívicamente como un derecho humano, lo que ha generado esa intolerancia de parte del Gobierno de Nicaragua, que está debilitado en tres aspectos fundamentales: en la institucionalidad, en la democracia y en el respeto a los derechos humanos, que son los tres pilares fundamentales del Estado de Derecho que hoy no existe en Nicaragua.
En el caso suyo, un defensor de derechos humanos tuvo que salir prácticamente al exilio…
Nosotros no hemos salido al exilio, ni siquiera al refugio. Simplemente hoy nos encontramos en Costa Rica haciendo gestiones humanitarias, donde están las víctimas de violaciones de derechos humanos. Nosotros, como Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, hemos tenido que salir producto de dos situaciones graves que se están dando para todos los nicaragüenses y especialmente para los defensores de derechos humanos. Uno, la falta de seguridad ciudadana que no tiene la capacidad el Gobierno a través de sus instituciones legalmente constituidas, como son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, de garantizar ese derecho humano. Y sobre todo el derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es el derecho a la vida. Todos sabemos e inclusive nosotros los defensores de derechos humanos, que defender derechos humanos en Nicaragua es una línea muy delgada entre la vida y la muerte, al igual que para el ciudadano que reclama sus derechos civiles, de protestar y manifestarse cívica y pacíficamente o de demandar institucionalidad, democracia y derechos humanos. Eso se ha convertido en un delito hoy en día en Nicaragua y eso genera que nosotros, como defensores de derechos humanos, hayamos tomado la iniciativa de cambiar nuestra forma de trabajar para seguir dándole cobertura en esa demanda que están requiriendo los nicaragüenses, que es la protección de derechos humanos. Hoy estamos trabajando tanto en Costa Rica como en Nicaragua, porque los que hemos salido (de Nicaragua) ha sido mi persona y otros defensores de mi staff, pero no así la red de voluntarios de derechos humanos que tenemos en los diferentes departamentos trabajando valientemente.
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¿Va a regresar a Nicaragua aunque Ortega siga siempre en el poder?
Lo estamos evaluando. Sí te quiero dejar claro que en un comunicado expresamos que nuestras oficinas estaban siendo asediadas, vigiladas y que éramos objeto de amenazas. Inclusive, se habla de una orden de captura para mi persona y parte de mi equipo de trabajo. Esto es producto de la criminalización y de la penalización que se nos ha querido venir haciendo, simplemente por defender derechos humanos, no desde ahorita, sino desde hace más de diez años, que es el tiempo que tiene Ortega de estar en el poder violentando derechos humanos.
La injusticia y la violación de los derechos humanos lo que ha generado la muerte, el dolor y el sufrimiento del pueblo de Nicaragua no pueden quedar en nada”. Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la ANPDH.
¿Cómo ve los casos de las personas que están siendo procesadas en los Juzgados del país?
Hemos señalado que el tema de la judicialización, penalización y criminalización que hoy se está dando en contra de ciudadanos que han ejercido su derecho de protestar, al igual que para los defensores de derechos humanos, ha sido ilegal, violatorio de los derechos humanos, porque hay que recordar que la institucionalidad en Nicaragua está frágil y que para nadie es un secreto que los poderes del Estado se han venido cercenando su independencia como poder en el Estado, y el poder judicial no es la excepción, al extremo que ni siquiera las órdenes judiciales para los privados de libertad son acatadas por el poder ejecutivo, como ejemplo. Eso pone vulnerable a la ciudadanía y eso hace que se genere la profunda crisis de institucionalidad y de derechos humanos que hoy demanda nuestra Iglesia católica, los derechos humanos y la sociedad nicaragüense en general.
¿Cómo están los nicaragüenses que han tenido que salir hacia Costa Rica?
Triste de tener que abandonar su país producto de una crisis de derechos humanos. Pero, también contentos por el simple hecho de estar en un país donde verdaderamente se les ha recibido con los brazos y el corazón abiertos, como un ejemplo de una democracia, una institucionalidad y un respeto a los derechos humanos bien definidos en el gobierno y en la sociedad costarricense.
¿Cómo siente que van a quedar las cosas después que iniciaron las protestas en abril pasado?
La injusticia y la violación de los derechos humanos, lo que ha generado la muerte, el dolor y el sufrimiento del pueblo de Nicaragua no puede quedar en nada. La comunidad internacional está muy atenta del sufrimiento y de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y, como mensaje, yo diría que Nicaragua no está sola en su ansiada pretensión de que exista, a corto plazo, institucionalidad, democracia y respeto a los derechos humanos y sobre todo la paz social que se ha perdido. En Nicaragua, desde antes del 18 de abril pasado, el Gobierno ha venido teniendo un comportamiento que es lesivo hacia los derechos humanos, en prácticas que han promovido impunidad, indolencia e injusticia, que ha conllevado a perder esa paz social.
¿Ha bajado la actividad de los defensores de los derechos humanos en los últimos días o siguen activos?
Hoy más que nunca los derechos humanos están más fortalecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la oficina del Alto Comisionado en las Naciones Unidas, tienen grandes limitaciones pero están haciendo su trabajo. Y digo grandes limitaciones porque ellos no pueden dar un paso si no es con el aval de cancillería, que es el Gobierno, para poder ellos seguir evadiendo esa realidad de violaciones a los derechos humanos. En el caso de nosotros, como Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, cerrar nuestras oficinas no ha afectado en lo más mínimo porque hemos recibido más de 600 denuncias, con la debida documentación, y les estamos dando seguimiento dentro del territorio nicaragüense a través de nuestros promotores territoriales, que todavía valientemente están haciendo su trabajo. La ANPDH está trabajando para seguir generando informes apegados a fuentes, a denuncias y al monitoreo que todavía se está haciendo.
¿Qué pueden hacer los defensores de derechos humanos si ni los dejan entrar a las audiencias?
Esa práctica no es de ahorita. La situación de las limitaciones que hemos tenido los defensores de derechos humanos es un problema que no es del 18 de abril a la fecha, eso es desde hace más de 10 años, eso no nos preocupa. Somos órganos que acompañamos a las víctimas y se nos limita a no poderlas acompañar, nosotros lo reflejamos en los informes a la comunidad nacional e internacional. Por ejemplo, seguir monitoreando el tema del acoso, del asedio, de los muertos. Siempre hemos estado limitados en nuestro trabajo humanitario frente a un Gobierno que hoy no ha demostrado tener una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos, de ser más amigables con los que simplemente salvamos vidas, lo que le corresponde al Estado.
¿Cómo ha sido su relación con el Gobierno?
La ANPDH y yo no somos enemigos del Gobierno, simplemente lo que hacemos es una labor humanitaria y hacerle señalamientos constructivos al Estado, para que mejore conductas de comportamiento, para que sea más amigable con los derechos humanos y pueda corregir todavía a tiempo los grandes errores que ha generado la profunda crisis de violaciones a los derechos humanos.
¿Cómo se coordinan ustedes con los demás organismos de derechos humanos?
Cada organismo tiene sus características y su particularidad territorial de trabajar y lo están haciendo muy bien. Yo felicito el trabajo del Cenidh, presidido por la doctora Vilma Núñez, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, por el doctor Marco Carmona, al igual que por todos los defensores de derechos humanos. Sin embargo, nuestros trabajos no están articulados debido a las características territoriales. Sin embargo, tenemos excelentes relaciones. Cada quién ha hecho un trabajo.
Usted dice que no es enemigo del Gobierno, pero el Gobierno califica de golpista a quien de alguna manera ha apoyado las protestas…
Nosotros no hemos apoyado protestas, lo que hemos hecho es garantizar derechos humanos, hacer acciones humanitarias que dentro del marco de una protesta cívica, que le corresponde al ciudadano hacerlo como un derecho humano, podamos estar nosotros en esa acción humanitaria que garantice no perder la perspectiva de que se violenten derechos humanos. Violencia, venga de donde venga, no es aprobada por la ANPDH, ni nunca lo hemos dicho que es bueno para recuperar la paz social. Nosotros nos pusimos a la disposición de ver alternativas posibles para que se siga con el tema del diálogo, para poder recuperar prontamente la paz social que tanto demanda la Iglesia católica, los derechos humanos y la sociedad nicaragüense en general. También es importante señalar que en nuestras labores humanitarias nos tocó salvar vidas de policías, de militantes sandinistas, de estudiantes, de pobladores y eso es más que una muestra que nuestro trabajo es estrictamente comprometido con los derechos humanos. Lo que sucede es que hay momentos en los que tenemos que señalarle al Estado sus desaciertos de violaciones a derechos humanos y es una postura que lo irrita y hace que criminalice, penalice o judicialice nuestro trabajo de derechos humanos que hemos querido desarrollar de manera permanente y objetiva en Nicaragua.
¿Cómo es trabajar desde Costa Rica?
Humildemente reconocemos que no es lo mismo desarrollar el trabajo como lo estamos haciendo hoy desde Costa Rica como lo pudiéramos estar desarrollando en nuestro país. Esto no es miedo, simplemente es un derecho que nosotros tenemos como derechos humanos de garantizar nuestro derecho a la vida y a nuestra seguridad.
¿Cómo valora a Daniel Ortega?
La misma valoración que he venido diciendo. Que tiene todavía la oportunidad de enmendar y de tener una solución histórica, de salir por la puerta de recuperar por una voluntad protagonista de él, porque él tiene una gran responsabilidad de recuperar la paz social y de restituirles a los ciudadanos nicaragüenses sus derechos fundamentales arrebatados. Creo que si hoy el presidente Ortega reconoce humildemente que ha habido desaciertos y que empieza a tener conductas que demuestren una posibilidad de que hay sinceridad de cambio y recuperar la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos, nosotros seríamos los primeros en decir que eso es positivo. Yo se lo dije, presidente Ortega, el día que usted demuestre un signo positivo en favor de los derechos humanos de los nicaragüenses, ese día también nosotros vamos a decir al mundo y a la comunidad nacional de que hay una voluntad. Sin embargo, frente a esos planteamientos, lo que ha sucedido es ser ciego, sordo y mudo.
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Y el papel de doña Rosario ¿cómo lo ha visto?
Ha demostrado hostilidad para los derechos humanos y una posibilidad de división en las familias nicaragüenses. Sobre todo una actitud que no permite la posibilidad de lo que ansiamos los derechos humanos, la sociedad nicaragüense y nuestra Iglesia católica, que es la recuperación de la paz social prontamente.
¿Qué futuro le ve al diálogo?
Tiene que ser retomado. Es fundamental, pero que sea sincero. Pero primero tiene que haber restitución de los derechos humanos para los nicaragüenses.
Plano personal de Álvaro Leiva
Nació en Managua el 15 de julio de 1963. Pero su familia es originaria de Masaya, donde les llamaban los Leiva Mono.
Le gusta bailar, especialmente salsa y música disco, de Olivia Newton y John Travolta y de Tina Turner. También le gusta la música clásica y la romántica. Toca el tambor. Se considera percusionista.
Su comida favorita es la china y en su refrigeradora nunca faltan el jugo de naranja y la cuajada. Es adicto a los helados.
Sus amigos le llamaban el Gordo y le tiene miedo a la oscuridad.
De pequeño no le gustaba mirar cómo otros compañeros de su grupo hacían bullying a otros compañeros.
Está casado y tiene dos hijas. Es especialista en Derecho Laboral, constitucional y tiene una mención académica en Derechos Humanos.