Me parece grotesco, sanguinario y cruel el grado de violencia que ha ejercido el Estado para reprimir las protestas.
Además, internacionalmente el daño que se ha causado a la imagen del país es inmenso. La Guardia Nacional de Somoza disolvía marchas a base de balazos, pero no disparaba a matar (excepciones: 23 de julio de 1959 y 22 de enero de 1967).
Con arrebatar la vida de un ciudadano, además de secuestrar, apresar, enjuiciar con absurdas imputaciones, al amparo de leyes que no pueden ser aplicadas por el principio de no retroactividad de la Ley —prohibición Constitucional— ¿qué se pretende?
La autoridad de funcionario no puede ser ejercida mediante el abuso de poder. Si queremos la paz, no deben violentarse los elementales derechos humanos, los cuales gozan del carácter de erga omnes.
Las marchas-protestas no son actos terroristas ni golpes de Estado, son expresiones de libertad, manifestación o movilizaciones de ciudadanos inconformes por decisiones que les afectan. Las medidas para disolverlas, apaciguar los ánimos o responder con otras marchas deben ser equilibradas y proporcionales. El pueblo tiene el derecho constitucional de expresarse. El FSLN, como partido opositor “gobernando desde abajo”, hizo uso de ese derecho.
En entrevistas a medios extranjeros, Daniel Ortega no adopta una posición de mandatario, no basta cubrir cifras y dar una imagen de lavado de rostro, se necesita realizar acciones concretas, encaminadas por y para el pueblo.
La ruta de acuerdos con la OEA —antes del 18 de abril de 2018— según declaraciones del secretario general Luis Almagro, ha cambiado. Si Ortega quiere un cese a la crisis no debe esperar un golpe en las instituciones y menos aún en la economía. En aras de los anhelos de paz que pregona la crisis debe resolverse urgentemente.
“Nicaragua es de todos”, cierto, pero se aprecia la proclamación de una Nicaragua exclusiva para sandinistas, lo cual se confirma con las masivas emigraciones y despidos en instituciones del Estado.
Una sentencia judicial declaró inconstitucional la prohibición de la reelección; esto ha sido rechazado por el secretario Luis Almagro, según consulta realizada ante organismos de Derechos Humanos: “La reelección no lesiona ningún derecho humano por cuanto es una prohibición que fortalece el sistema democrático”. Ortega, al recurrir ante esa prohibición, invadió otro poder estatal quebrantando el principio de independencia de los poderes del Estado de acuerdo con la doctrina y principios generales del Derecho.
Debería aceptar y comprender —por amor a Nicaragua— que 39 años es tiempo suficiente para haber servido a su país. ¡Aproveche el diálogo! Así podrá darle tranquilidad, estabilidad y paz a la familia nicaragüense.
El autor es abogado.