Una vez más el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó asilo político a un oscuro personaje de la política centroamericana. En esta ocasión le correspondió al empresario guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, a quien los medios de comunicación de ese país lo vinculan con los últimos tres gobiernos de esa nación centroamericana en causas fiscales vinculadas con sospechas de corrupción.
Ya existe antecedentes de este tipo de asilo en Nicaragua a prófugos de la justicia, como sucedió con el expresidente salvadoreño Mauricio Funes.
En su resolución 039-2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores determinó “otórgase asilo político al señor Gustavo Adolfo Herrera Castillo”, quien, en archivos del medio de comunicación de Guatemala, Plaza Pública, es descrito como “un tipo escurridizo. Se niega a hablar con la prensa de todo: de su vida y sus negocios, de su vinculación con al menos los últimos tres Gobiernos, y, sobre todo, de las razones que lo mueven a influir en la designación de las autoridades judiciales de Guatemala. Esta es una aproximación a su nebulosa vida”.
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“La cuota de influencia de Herrera, dicen diputados de oposición y un abogado que le conoce desde años, tuvo un impacto decisivo en algunos de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que integraron las Comisiones de Postulación que eligieron a los candidatos a magistrados del Organismo Judicial. También le confieren influencia, a él y a Juan De Dios Rodríguez, sobre magistrados de las cortes de Apelaciones y de la CSJ que también integraron esas comisiones”.
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En los archivos correspondiente al 23 de abril de 2014 de Prensa Libre ese medio de comunicación informaba que en la Fiscalía guatemalteca Herrera tenía tres causas pendientes. Uno en la Fiscalía contra la Corrupción: el expediente MP0001-2003-167; en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero: el MP510-2005-3, y en la Fiscalía Metropolitana: el MP001-2012-62221, una de las cuales estaba relacionada con una estafa por 350 millones de quetzales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que habría perdido vigencia en 2009 y una vinculación extraoficial al narcotráfico que nunca llegaron a una acusación formal o captura. “Estos señalamientos son el combustible de su fama”, señalaba Prensa Libre.
El argumento ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y publicado en el Diario Oficial La Gaceta de este 20 de agosto indica que el tres de agosto del presente año Herrera “casado y comerciante”, identificado con pasaporte 262598582, solicitó asilo político, “por considerar estar amenazada su vida, integridad física, seguridad y libertad”.
Según informó Herrera, a esa institución “mediante resolución judicial emitida el día 12 de marzo de 2009 por el Juez Undécimo de Primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, fue sobreseído de forma parcial por el delito de lavado de dinero u otros activos por ser evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena en su contra y no concurrir los presupuestos procesales y materiales necesarios para su imputación objetiva penal”.
“Asimismo, expresa que conforme auto de desestimación y archivo del proceso No. O l 071-2005-01599 dictado por el Juez Undécimo de Primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, bajo el criterio judicial ‘que dentro del proceso
judicial que nos ocupa, se genera una doble persecución, lo cual es completamente ilegal’, la autoridad judicial ordenó a solicitud del Ministerio Público la desestimación y archivo del proceso en referencia”, señala la publicación en La Gaceta.
Gobierno de Nicaragua aduce razones de Derechos Humanos para otorgar asilo
El mismo Herrera argumentó ante la Cancillería nicaragüense “que ilegalmente se ha iniciado una tercera persecución penal, por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a través de la Fiscal General de la República, lo cual evidencia con comunicación del 20 de abril de 2018 dirigida al Juez Undécimo de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala en la cual se declara con lugar la solicitud de determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso No. O 1071-2005-01599 que se encuentra en trámite. Agrega el solicitante de asilo, que dicho proceso no se encuentra en trámite en virtud del auto de desestimación y archivo, y que se trata de una persecución política contra su persona”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores fundamente su decisión de otorgar asilo al sospechoso personaje en que “Nicaragua es respetuosa del cumplimiento de los Convenios de Asilo y los instrumentos de Derechos Humanos y Derechos humanitarios ratificados, que establecen que es potestad soberana del Estado asilante otorgar el asilo”, pero que ha estado muy distante de aplicar esos instrumentos de derechos humanos en el caso de los nacionales a quienes ha obligado a un éxodo forzado.