En la represión desatada desde abril por el Gobierno contra estudiantes y ciudadanía en general, la UNAN-León se ha involucrado, pero no como se podría esperar, llamando a evitar la violencia o recordando que las manifestaciones pacíficas son un derecho constitucional, sino que integrándose a la represión. Algunas autoridades la alentaron y organizaron. Vehículos de la institución fueron usados por las fuerzas de choque.
Algunos directivos del CUUN estaban entre quienes golpeaban a estudiantes y a otros manifestantes. Estudiantes becarios internos fueron prácticamente secuestrados de noche, con el fin de que se incorporaran a la represión. La rectora no ha investigado, ni mucho menos sancionado, a los miembros de la comunidad universitaria que transgredieron el Estatuto de la Universidad. Tampoco ha emitido un pronunciamiento de respaldo al examen que ha hecho de los sucesos la CIDH; antes bien, como si nada hubiera ocurrido, sigue mostrando su entusiasta respaldo a la actuación gubernamental.
Especialmente grave es que este involucramiento de la UNAN-León en actividades violentas, lejos de ser la primera vez, es una constante; ocurre casi cada vez que hay protestas antigubernamentales. Se ha preparado y tiene recursos para ello. Lo que ha sucedido es que esta vez las consecuencias de la represión han escandalizado al mundo.
El papel de las autoridades de la UNAN-León en esta crisis es también solo una expresión más de su dedicación principal a servir al partido FSLN, sin reparar en soslayar su deber de cumplir y hacer cumplir la ley; de echar por la borda el prestigio institucional, y de pisotear sus principios y su misión. Es por esta razón que no han cumplido con su obligación de defender la autonomía. En la Universidad, desde que Ortega llegó al poder, los preceptos constitucionales de libertad de expresión y de cátedra, así como la no discriminación en razones de las opiniones o credo político, han desaparecido. Aquí, quienes no portan un carnet o aval del partido, son discriminados, tanto si optan a un trabajo o a un ascenso; y si son estudiantes, tienen menores oportunidades de becas o de acceso a los programas académicos. Por la misma razón, han realizado o permitido actividades y propaganda partidarias, que están prohibidas por el Estatuto. En un abuso de autoridad, han soslayado o manipulado reglamentos, para favorecer el nombramiento de profesores leales al partido, o para despedir a disidentes.
Por la extrema gravedad de los hechos; porque el incumplimiento de deberes y el abuso de autoridad son delitos, según el Código Penal; porque no han habido elecciones limpias para elegir autoridades y directivos del CUUN, y porque se necesitan autoridades y directivos estudiantiles comprometidos con la misión y los principios institucionales, urge un nuevo Consejo Universitario en la UNAN-León.
El autor es médico leonés.