El diplomático de carrera Kevin Sullivan, nominado como embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Nicaragua, dijo este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la actual crisis política que atraviesa Nicaragua, representa no solo un peligro para el pueblo nicaragüense, también afecta a los países de la región centroamericana, y consideró que la sanciones son esenciales como parte de las medidas para contrarrestar el abuso de los derechos humanos en Nicaragua.
El diplomático fue propuesto por la administración del presidente Donald Trump, para sustituir a la embajadora Laura Dogu, que concluye próximamente su período de trabajo en Nicaragua.
“Las soluciones sostenibles solo se pueden encontrar a través de elecciones anticipadas, genuinamente libres, justas y transparentes, con observación internacional, para que el pueblo pueda decidir libremente el destino de su nación”, afirmó.
Sullivan fue hasta hace poco representante Permanente Adjunto de la Misión de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y este miércoles asistió a una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta como parte del proceso de su confirmación en el cargo.
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Durante su intervención, el diplomático describió ante el Comité de Relaciones Exteriores las acciones represivas del gobierno del designado presidente Daniel Ortega contra la población nicaragüense que se lanzó a las calles a protestar desde abril pasado de manera pacífica.
“Más de 300 nicaragüenses han sido asesinados, incluidos muchos estudiantes, cientos han sido detenidos y otros siguen desaparecidos, decenas de miles han huido del país ante la represión brutal. Esa represión incluye ataques físicos y a la reputación contra representantes de la Iglesia Católica, así como el arresto de prominentes líderes de la sociedad civil involucrados en el Diálogo”, explicó Sullivan.
Sullivan detalló cómo Ortega ha intensificado la campaña de violencia e intimidación contra la población tras el desmantelamiento de los tranques en el país.
“Si bien los enfrentamientos violentos en las calles han disminuido en las últimas semanas, el gobierno de Ortega y los grupos armados (paramilitares que operan en complicidad de la Policía) leales a él continúan intimidando y deteniendo arbitrariamente a cientos de personas”, manifestó.
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Grupos paramilitares circulan en las calles fuertemente armados, allanan las viviendas para capturar personas que han participado en las protestas, y detienen a personas en las calles.
“Hemos sido testigos de acontecimientos profundamente preocupantes en Nicaragua en los últimos meses, debido a que las protestas pacíficas que iniciaron por la reforma a la Ley de pensiones se transformaron rápidamente en un repudio público mucho más amplio contra el Gobierno de Ortega. Las manifestaciones en toda la nación se vieron impulsadas por la ira que provocó la represión violenta que había cobrado la vida de decenas de manifestantes, así como por un profundo resentimiento por la constante erosión a la institucionalidad democrática en Nicaragua”, aseveró.
Sanciones
Sullivan abordó el tema de las sanciones en su presentación y dijo que la administración de Donald Trump ha tomado una serie de medidas concretas para sancionar a personas en Nicaragua involucradas en abusos graves contra los derechos humanos y la corrupción a gran escala.
En ese sentido valoró que la aplicación del plan de sanciones a Nicaragua es parte esencial para demostrar la seriedad que representa las violaciones a los derechos humanos y la preocupación que existe sobre ese tema y añadió que existen autoridades que aplican a sanciones a través de suspensión de visas, de la Ley Global Magnitsky, y sanciones adicionales que son motivo de consideración.
De ser confirmado en el cargo, Sullivan dijo que trabajará para exponer a los responsables de la violencia e intimidación del gobierno de Nicaragua contra el pueblo y promoverá la “rendición de cuentas por sus fechorías”.
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“Nos unimos a naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda ante las demandas del pueblo nicaragüense de reforma democrática y responsabilizar a quienes impusieron la violencia”, agregó.