La Justicia lenta, ineficiente, politizada o secuestrada por el poder es la mayor debilidad de América Latina. Esta anemia judicial ha estimulado en muchos poderosos un delirio de impunidad; el creer convencidos que sus actos corruptos jamás serán castigados.
A veces, la Justicia echa por tierra ese trastorno mental. Ocurrió esta semana con el ex vicepresidente argentino Amado Boudou. Fue condenado a casi seis años de cárcel por corrupción, siguiendo el camino de otros funcionarios kirchneristas que también sufrieron de ese delirio, magnificado por el poder que en su momento creyeron absoluto.
América Latina tiene una larga lista de exmandatarios, funcionarios, empresarios y dirigentes que terminaron en la cárcel por creer que su poder, estatus y la inmunidad de sus cargos los blindaba de por vida. Ahí están los expresidentes recientes Lula da Silva, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Elías Saca, el guatemalteco Otto Pérez Molina, entre tantos otros, sumados a los peruanos Alberto Fujimori y Ollanta Humala, al costarricense Miguel Ángel Rodríguez, a Carlos Menem, a los dictadores Videla, Galtieri, Pinochet…
Marcelo Odebrecht es el arquetipo del empresario corrupto. Sobornó a funcionarios latinoamericanos con más de 800 millones de dólares para conseguir obra pública en forma directa. Lo mismo sucedió con una docena de sus colegas argentinos que fueron detenidos esta semana tras revelarse el contenido de los ocho cuadernos del chofer Oscar Centeno. Minuciosamente escritos, Centeno detalló como los exgobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recaudaban millones en efectivo entre empresarios, en un intercambio de coimas por obras públicas.
Los cuadernos ya son parte del anecdotario de la corrupción rampante de América Latina. Son clara evidencia como los videos que registraba Vladimiros Montesinos, mano derecha de Fujimori, los recientes audios por las “ventas” de sentencias judiciales en Perú, los relatos de los 77 ejecutivos arrepentidos del Lava Jato brasileño, los sobornos a través de cuentas bancarias en EE.UU. del FIFAgate y las revelaciones periodísticas sobre los Panama Papers y los Paradise Papers.
Muchas evidencias fueron fortuitas para la Justicia, entre ellas los cuadernos en lo que Centeno escribió por 10 años dónde, cuánto y de quién se recaudaba y los “vladivideos” con los que Montesinos filmó cuánto, a cambio de qué y a quién entregaba el dinero, para luego extorsionar a sus víctimas. Ante tanta podredumbre contabilizada, uno se pregunta cuál será la magnitud de toda la corrupción que no se registra o descubre y por qué es tan desigual la lucha entre buenos y malos. Indigna que la Justicia tenga mucho menos herramientas, recursos y profesionales que la maquinaria de la corrupción, así como las fuerzas de seguridad tienen menos poder de fuego que las bandas del narcotráfico y el crimen organizado.
El agravante es que la corrupción y el delirio de impunidad tienen muchos cómplices. Dos tipos se destacan. Uno de origen político-cultural que surge de la polarización política. Muchos defienden a los corruptos porque comparten su ideología o para no dar el brazo a torcer ante el otro bando. Se sintió así con los seguidores de Boudou. Pese a todas las evidencias, insisten en que la condena es una caza de brujas o un tiro por elevación para coartar las aspiraciones electorales de su exjefa, Cristina Kirchner.
El otro cómplice del delirio de impunidad es la ley que blinda al corrupto con un manto de inmunidad. En países con tanta corrupción que investigar, los procesos electorales no deberían permitir que un presidente pueda optar por un escaño en el Congreso en forma inmediata. Al menos deberían tener que esperar por un período para que puedan ser investigados por cualquier sospecha. La rendición de cuentas y la transparencia se deben imponer siempre y no ser solo promesas de campaña o adornos en discursos inaugurales.
El autor es periodista argentino-estadounidense.
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