La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó este viernes de “inconsistentes” las cifras oficiales remitidas por el Gobierno sobre las muertes ocurridas en el país durante cuatro meses de represión orteguista, al tiempo que le urge a que entregue el listado con los nombres que oficialmente maneja como fallecidos en las revueltas.
Lea además: CIDH: Situación de Nicaragua “no es normal”
La CIDH actualizó que la cifra de muertes desde el 18 de abril hasta la fecha en Nicaragua es de 322 personas, de las cuales 21 son policías y el resto son civiles, entre ellos niños y adolescentes.
Según la CIDH, el informe remitido por el Gobierno “no presenta el listado de las personas fallecidas”.
“Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detalladas sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquellas que ofrecen las autoridades nicaragüenses”, se menciona en el comunicado.
De esta manera también la CIDH reaccionó al cuestionamiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores a la metodología de trabajo de la CIDH, incluyendo las cifras sobre el número de personas fallecidas, y reiteró que la labor de monitoreo que se realiza a través del Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) y de los otros mecanismos a su disposición, se lleva a cabo con extrema rigurosidad metodológica.
“Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales”, se detalla.
También lea: CIDH denuncia tercera fase de represión “más cruda” en Nicaragua
Y refiere que además ha incorporado a su registro todas y cada una de las personas fallecidas que el Estado de Nicaragua identificó e informó. “No obstante, conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”, señala la CIDH e insiste en que “las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes”.
Agrega que mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al Gobierno.
Luego en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 fallecidos entre el 19 de abril y el 25 de julio, pero sin detallar los nombres.
De esos muertos, 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista” y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno de Nicaragua”, le dijo el Estado a la CIDH.
Pide investigación seria y eficaz
La CIDH insistió en su llamado al Estado a realizar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia en el país, y en particular de personas manifestantes.
Puede leer más en: Cenidh condena y rechaza informe del gobierno sobre trabajo de la CIDH
También insta al Estado a suministrar la información referida a las investigaciones judiciales que están en curso, con el objeto de establecer los autores materiales e intelectuales de las muertes. Asimismo, insiste en que este debe informar sobre el número e identidad de los imputados, detenidos, juzgados y sancionados.
Igual que informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus recomendaciones de realización de autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales.
23 niños y adolescentes destacan entre las 322 personas fallecidas en Nicaragua durante los cuatro meses de represión gubernamental, según la CIDH.
Sigue la criminalización de la protesta
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la CIDH han concluido, además, de que la estigmatización y la criminalización de la protesta persiste en Nicaragua bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La criminalización de la protesta social ocurre “con cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares”.
Y aunque señala que el Meseni ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza letal en la represión de las protestas, “la Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización”.
“Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos”, señala un comunicado de prensa de la CIDH desde Washington.
Al respecto, los medios de comunicación han evidenciado los discursos de odio e insultos de la pareja presidencial integrada por Rosario Murillo y Daniel Ortega, quienes aprovechando la maquinaria de propaganda de su gobierno todos los días amenazan, insultan, desprecian y descalifican a quienes repudian la extensa secuela de represión brutal y sangrienta de su régimen.
También lea: Gobierno arremete contra la CIDH y la califica de “manipuladora” e “injerencista”
El Meseni también indica que ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las últimas semanas, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país.
Por ejemplo, el Meseni recibió la denuncia sobre la detención arbitraria en Juigalpa de al menos cinco personas que habrían participado en los tranques de la comunidad.
“Es de especial preocupación para la CIDH la información documentada por el Meseni en el sentido de que a las personas procesadas no se les estaría garantizando su derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes antes de la celebración de las audiencias”, dice el comunicado de prensa.
Le puede interesar: Gobierno de Nicaragua bloquea el trabajo del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH
A través del mismo, la CIDH menciona que el 9 de agosto,el Meseni fue informado sobre las detenciones del líder campesino Víctor Manuel Díaz, de la zona de El Fajardo, en el departamento de Río San Juan.
También ese día fue informado el arresto de un líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN Matagalpa), Bayardo Siles, quien habría sido liberado el 18 de agosto.
“En ambos casos se verificó el modus operandi de detención por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales caracterizado por la ausencia de orden judicial, la falta de información precisa sobre los cargos o motivo de la detención, falta de comunicación oportuna a la familia sobre el lugar de reclusión”, explica la CIDH.