La más importante organización internacional no gubernamental defensora de los derechos humanos, Human Right Watch, anunció el jueves de la semana pasada que ha solicitado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizar de urgencia una sesión de trabajo sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Al día siguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha actualizado en 322 la cantidad de personas muertas durante el conflicto de Nicaragua, causadas sobre todo por la brutal represión gubernamental. Además la CIDH declaró que “nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización”.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, coincidiendo con esa apreciación de la CIDH declaró que “la situación de los derechos humanos ha empeorado drásticamente (en Nicaragua) desde que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno”. Y considera que una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ayudaría a los esfuerzos que se están haciendo para evitar “mayor violencia y abusos” en este país. “La comunidad internacional no puede esperar más para poner freno a la cacería de opositores de Ortega”, expresó Vivanco.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un organismo intergubernamental del que forman parte 47 Estados, con mandato de tres años, oficialmente “responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo”. Sin embargo, entre los integrantes de este Consejo hay delegados de gobiernos dictatoriales que son reconocidos violadores de los derechos humanos. Tal es el caso, por ejemplo, de China comunista, Arabia Saudita, Cuba y Venezuela, cuyos regímenes están clasificados entre los peores violadores de los derechos humanos.
Pero también forman parte del Consejo de Derechos Humanos países genuinamente democráticos y humanitarios, como los europeos Alemania y Suiza. E igualmente integran este organismo de las Naciones Unidas, Brasil, Chile y Perú que son parte del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua.
La verdad es que los países democráticos podrían dar una importante batalla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para, como ha dicho José Miguel Vivanco, ayudar a poner freno “a la cacería de opositores de Ortega” y al cese del “proceso de criminalización de los manifestantes pacíficos”.
El ámbito internacional, en el cual la dictadura de Daniel Ortega comparece particularmente débil, es un importante escenario de la lucha por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Solo la combinación de la lucha cívica interna con la presión internacional, hará posible la salida democrática de la crisis mediante la celebración de elecciones anticipadas, verdaderamente libres, limpias y competitivas.