La cacería indiscriminada desatada por el Gobierno en las últimas horas en contra de líderes de las protestas en Nicaragua tiene como fin desarticular la resistencia pacífica de la población y causar el terror para impedir más manifestaciones, alertaron el domingo defensores de derechos humanos y miembros de la Alianza Cívica y la Alianza Universitaria.
En dos días unas cincuenta personas fueron detenidas según la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, que por ello elevó una alerta. Esa Iniciativa destaca que aunque parte de las personas detenidas el fin de semana pasado en Chinandega, León, Managua, Carazo y Matagalpa fueron liberadas, la mitad de estas detenciones están vinculadas a la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabiliza que aún quedan 12 líderes estudiantil detenidos y otra cantidad similar registra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Hay una cacería dirigida con nombre y apellido de los líderes (…) están pretendiendo desarticular ese liderazgo y tratar que no haya más protestas ciudadanas”, sostuvo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
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Mientras la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, las llamó “venganzas dirigidas” y “una represión sin límite”. A criterio de Núñez, este escalamiento de la represión tiene como propósito “que la gente ya no sea capaz ni de marchar, que la gente se quede aterrorizada dentro de su casa (…) él (Daniel Ortega) lo que pretende es desmovilizar, desmovilizar matando a lo líderes, ahorita ya no solo es capturarles”.
Y esto, considera Núñez, es resultado de la desesperación del régimen que “perdió el control y tiene que sacar la represión”.
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Carmona, por su lado, consideró que el Gobierno busca mantener secuestrado al país como parte de la intimidación y de la ola de terror, pues “por su falta de intolerancia no acepta que haya otros grupos que protesten en su contra”.
Quiere ser dueño absoluto de las calles
Con ambos coincide Carlos Tünnermann, de la Alianza Cívica, quien considera que “el FSLN quiere ser dueño absoluto de la calle”. Y a criterio de Tünnermann es por eso que el Gobierno busca golpear al movimiento universitario para que ya no haya protestas, “porque se sabe que son los estudiantes, los jóvenes a quienes la población respeta y admira porque son ellos quienes están al frente de esta lucha contra el régimen” de Ortega.
Douglas Castro, uno de los jóvenes miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), comparte la opinión de Tünnermann respecto al hecho de que la Fiscalía, Policía y el sistema judicial por órdenes del régimen abren causas judiciales y arrestan a jóvenes que han sido los rostros más visibles de la lucha pacífica desde hace cuatro meses para “dar un golpe moral” en la estrategia para silenciar la rebelión cívica.
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Castro asegura que pese a esa persecución, el movimiento estudiantil está intacto, porque si algo no entiende Ortega es que “los jóvenes estamos comprometidos con devolver a Nicaragua a un estado en democracia, y acabar con su tiranía”. Asimismo reconoce que el hecho de ver a miembros del movimiento estudiantil exiliados por la persecución “son golpes que duelen”, pero que no los vence.
Quieren destruir al Movimiento 19 de Abril
Con objetivizar a los líderes del Movimiento 19 de Abril, el Gobierno pretende además destruir la organización de las protestas, ya que este —según Castro— “se dio cuenta que no bastó llevarse detenida a la (gente) que estaba en los tranques y las barricadas”, pero no desarticuló las manifestaciones y los plantones que todos los días hay en diferentes ciudades del país.
Por su lado, Tünnermann identifica que la represión se centre en capturar a los líderes estudiantiles del Movimiento 19 de Abril en el hecho de que las universidades estatales están llamando a reanudar las clases, pero el movimiento universitario ha llamado a la desobediencia estudiantil, lo cual tiene un gran respaldo tanto de los jóvenes como de la población.
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“Todo es parte de la etapa de la represión que la CIDH advirtió, como es persecución de los movimientos sociales, y esto abarca al movimiento universitario, y lo censurable es que las capturas se hacen sin orden judicial y se le inventan cargos”, afirmó Tünnermann.
El académico descarta que se debilite con eso a la Alianza Cívica, de la cual es parte fundamental el movimiento universitario. “Es un error que comete, porque por la vía de la represión no es posible que se pueda resolver la crisis. Se equivoca que arrestando a los representantes de los movimientos sociales se va a dejar de protestar, ya que surgen nuevos líderes y mientras más violencia el Gobierno ejerza las protestas aumentarán”, afirmó Tünnermann.
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“Se equivoca el Gobierno al pensar que descabezando al movimiento lo acaba, pero este movimiento es de autoconvocados por lo que las expresiones de lucha en la calle de forma pacífica van a continuar. Una característica de esta insurrección cívica es que cualquier liderazgo puede ser sustituido por otro de base, no se necesitan comandantes para seguir protestando”, afirmó Castro.
Muertes e invasiones de tierras
Durante la semana pasada se habían registrado otros hechos como muertes, invasiones de tierras y ha continuado el éxodo masivo. La integrante de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, consideró que esto demuestra que “la represión ha aumentado enormemente”.
Solís encuentra una explicación al aumento de la represión en el hecho de que también ha aumentado la conciencia de que “hay que acabar con la dictadura” y que a Ortega le ha resultado imposible volver a tener al pueblo bajo el redil del miedo.
“El miedo del pueblo no lo tiene y él (Ortega) quiere el miedo del pueblo”, dijo Solís, quien refirió que “hay cacería por todos lados, exactamente para que no tengamos ninguna seguridad en ninguna parte”.
Y esto obedece —según Solís— a que el Gobierno no ha desmontado sus paramilitares porque “ellos saben que tienen que sentarse a negociar en cualquier momento”.