Emilia Mello, la documentalista brasileña estadounidense detenida el sábado en Carazo “reporta que sufrió un largo interrogatorio y maltrato psicológico de parte de las autoridades de Nicaragua”, aseguró a través de su cuenta de Twitter el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
La documentalista fue deportada la tarde del domingo en un vuelo inicialmente hacia El Salvador y, según Abrao, este lunes se dirige a la ciudad de México con destino a Nueva York.
La brasileña estadounidense fue detenida el sábado junto a un grupo de líderes estudiantiles cuando se dirigía a la marcha en Granada y luego fue remitida a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), para ser deportada.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca, indicó que ese organismo tuvo conocimiento de la expulsión arbitraria. “Fue llevada a la Dirección General de Migración y Extranjería donde se emitió una nota de expulsión y fue trasladada al Aeropuerto”, denunció Abarca.
El domingo, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía (ANCI), emitió un comunicado a través del cual consideró que el hecho “establece un precedente muy peligroso para futuros cineastas que quieran intentar ingresar al país para documentar lo que sucede, contarle al mundo la historia de lo que estamos viviendo y registrar cualquier violación a los derechos humanos, que sirva para hacer justicia a quienes lo merecen”.
Arielka Juárez, quien trabajaba con Mello, se limitó a decir que estaban juntas en un proyecto desde hace un mes.
ANCI dijo que los nacionales detenidos y Mello “estaban documentando la actividad, no estaban siendo parte de ella y al igual que el resto de detenidos, no tenían ninguna arma, ninguna intención de actos delictivos o de violencia”.
La organización hizo un llamado al Gobierno a que cese la persecución contra “quienes buscan la verdad” y que permita el libre ejercicio de los cineastas extranjeros que hayan ingresado al país de forma legal.
El grave incidente con una periodista brasileña ocurre un poco más de un mes después que la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Da Costa Lima fuera asesinada a disparos la noche del 23 de julio por el exmilitar y extrabajador de la empresa estatal Petróleos de Nicaragua, Pierson Gutiérrez Solís, quien fungía como paramilitar en la zona cercana a la residencia de Francisco López Centeno, tesorero del partido de Gobierno Frente Sandinista y entonces presidente de Petronic.