Gobierno de Nicaragua sigue bloqueando a la CIDH el acceso a los juzgados

La primera vez que fueron impedidos de realizar su trabajo en los juzgados capitalinos fue el 14 de agosto de 2018, donde las autoridades nacionales argumentaron falta de solicitud por escrito a través de Cancillería. Ahora con el documento en cuestión igual no los dejaron pasar

Niegan el acceso a los Juzgados de Managua a Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI de la CIDH en Nicaragua. LA PRENSA/ M. VÁSQUEZ

Por enésima vez, funcionarios del poder judicial y el Gobierno de Nicaragua negaron el ingreso a los juzgados de Managua a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, durante las protestas cívicas en este país.

La primera vez que fueron impedidos de realizar su trabajo en los juzgados capitalinos fue el 14 de agosto de 2018, cuando las autoridades nacionales argumentaron falta de solicitud por escrito a través de Cancillería. Ahora con el documento en cuestión, igual no los dejaron pasar.

Esta vez, Claudia Paz y Amérigo Incalcaterra, miembros del GIEI Nicaragua, solicitaron por escrito el ingreso a los juzgados capitalinos, para estar presentes hoy lunes 27 de agosto durante el último día de juicio que se lleva contra los blufileños Brandon Cristofer Lovo y Glen Abraham Slate, pero nuevamente los guardas de seguridad no les permitieron entrar.

Ambos jóvenes están siendo procesados por supuestamente haber asesinado al periodista Ángel Gahona, el pasado 21 de abril en Bluefield, en el caribe norte de Nicaragua, mientras familiares de la víctima y de los procesados aseguran que no son ellos los responsables.

“Esperamos simplemente que haya una mala comunicación y que se aclare esa comunicación entre las instituciones del Estado. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hemos pedido y esa solicitud tiene que ser gestionada por la Asamblea. Tal vez no funcionen los teléfonos, los fax o internet”, dijo Incalcaterra.

Gobierno no cumple

Los expertos expresaron que tienen casi dos meses de estar en Nicaragua y las autoridades aún no les han permitido tener acceso a los expedientes judiciales ni presenciar ni una sola audiencia de los procesados por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento a la circulación pública, entre otros delitos, por participar en las manifestaciones cívicas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hasta el día de hoy desafortunadamente el Gobierno de Nicaragua ha incumplido con el acuerdo de permitirnos el acceso a los expedientes y juicios que estamos coadyuvando en la investigación” , dijo Claudia Paz, otra de las miembros del GIEI, que quedó plantada en el portón principal del Complejo Judicial Central de Managua.

Según Paz, la experiencia que han tenido en otros países que tienen el sistema penal acusatorio, como en Nicaragua, las audiencias de juicios son públicas y no comprenden esta excepción en Nicaragua.

“Las audiencias de juicio son públicas, todos los ciudadanos pueden acceder a las audiencias sin ningún requisito. Justamente la publicidad, la transparencia permite que todos los ciudadanos se enteren como se está impartiendo justicia”, dijo la experta.

Paz recordó que existe un acuerdo de colaboración entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el Gobierno de Nicaragua, para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en ese período y por la cual fue nombrado este grupo de expertos con un mandato de seis meses.

“El caso del asesinato a Gahona ocurrió en el período que estamos autorizados a coadyuvar y solicitamos ingresar para estar presentes en el juicio. Es la segunda vez que venidos y nos dijeron que hicieramos una solicitud por escrito y así lo hicimos, pero igual no nos dejaron entrar”, dijo la miembro del GIEI.

El GIEI destacó en un comunicado, que la información solicitada a las autoridades sirve para “presentar el análisis técnico del Plan Integral de Atención a las Víctimas y sus familiares”.

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