Tres de los líderes juveniles detenidos en León gozan de medidas cautelares

Madre de uno de los jóvenes detenidos relató que representantes de la misión de OACNUDH y de la CIDH en Nicaragua fueron testigos del asedio de orteguistas en El Chipote

Familiares de los líderes juveniles detenidos en León demandan desde el Cenidh su libertad. LA PRENSA/E. ROMERO

Familiares de siete líderes juveniles de León demandaron a las autoridades policiales no solo que les proporcionen información sobre su situación sino que los pongan en libertad porque fueron detenidos de forma arbitraria.

Tres de los jóvenes detenidos cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tramitan de forma especial medidas de protección para los otros cuatro y sus familiares, aseguró el abogado del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos(Cenidh), Braulio Abarca.

Victoria Obando, Levis Artola y Yaritza Rostrán recibieron medidas cautelares por parte de la CIDH. Los otros detenidos son Juan Pablo Alvarado Martínez, Luis Quiroz, Nahiroby Olivas y Byron Corea Estrada.

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María Elena Martínez, madre de Juan Pablo Alvarado, una de las familiares que acudieron al Cenidh a denunciar su caso comentó que aunque desde tempranas horas del domingo se presentaron al portón principal del Chipote, junto a miembros de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH, en la Policía no les proporcionaron la información necesaria.

En esa ocasión, relató Martínez, los familiares debieron retirarse del lugar ante la hostilidad con que fueron tratados por los grupos orteguistas, pese a la presencia de oficiales de la Policía Nacional que se limitan a tomar nota de los nombres para después responder que no están autorizados para dar información.

«Había una cantidad de personas gritando consignas con pancartas, que son meramente de apoyo al gobierno y debido a la gran cantidad de personas que habían y que estábamos a la espera que nos confirmaran y nos ignoraban o finalmente nos dijeron que no estaban autorizados ellos (…) entonces los organismos nos dijeron que nos teníamos que retirar, que ellos no nos podían dejar en ese lugar porque era un gran peligro para nosotros», expresó Martínez.

«Lamentablemente fuimos víctimas de asedio, de amedrentamiento y vituperio por parte de las fuerzas del Gobierno», denunció el abogado del Cenidh.

Por la tarde Martínez regresó al Chipote pese a la situación enfrentada por la mañana donde volvió a preguntar por Alvarado «y me dijeron que si mi hijo está allí».
Martínez aseguró que su vástago le trabaja a una empresa bancaria que ante la misión de OACNUDH hizo acto de presencia en apoyo de su trabajador.

Abarca anunció que presentarán un recurso de exhibición personal una vez que los jóvenes cumplan 48 horas de arresto arbitrario.

A la fecha Cenidh tiene contabilizado 320 detenciones arbitrarias durante este período de represión gubernamental y de ese total unos 180 casos de procesamiento arbitrario en diferentes juzgados de Managua y otras ciudades del país.

Por su parte la Policía Nacional presentó este lunes Maycol Jerónimo García Hernández, de 48 años, alias «Pumba», a quien lo señalan ser el supuesto cabecilla del grupo terrorista en León y quien fue capturado el fin de semana.

A García  la Policía le atribuye los delitos de conspiración para el terrorismo, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias y artefactos explosivos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y de las familias del departamento de León aseguró el comisionado Mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), según una nota de prensa publicada en el sitio web de esa institución.

Roa indicó que García es “cabecilla de tranques en el departamento de León”, y en los meses de abril a julio, encabezó el grupo de terroristas, quienes con armas de fuego, artesanales y morteros, planificaban, organizaban y lograron instalar tranques en los sectores de La Pintora y La Cartonera, en la salida León Chinandega, para ejecutar secuestros, torturas, asaltos y robo de vehículos a instituciones públicas y privadas, al tiempo que «fabricaban y abastecían de armas de fuego artesanales y morteros a los delincuentes».

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