La Policía Nacional desalojó este jueves a doscientas familias que desde junio pasado invadieron un predio propiedad del Instituto Público Nacional Diriangén, en Diriamba.
El predio tiene una extensión de aproximadamente cinco manzanas y era utilizado por estudiantes para realizar prácticas agropecuarias. Los tomatierras argumentaron que ellos invadieron esas tierras, donde ya habían metido de manera ilegal los servicios de agua potable y de energía eléctrica, porque no tienen donde vivir.
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Policía Nacional desaloja a doscientas familias que se habían tomado tierras del Instituto Nacional Diriangén en Diriamba @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/5VmBbR1bJA
— Mynor Garcia (@Mynorjgn) August 30, 2018
Además señalaron al director Enoc Jiménez y al delegado del Ministerio de Educación (Mined), Francisco Bladimir Rocha, de haberles dado la orden de tomarse las tierras en la parte sur del colegio. “Cuando estaban los tranques el director pidió resguardo a la gente para que le cuidáramos el colegio que iba a ser tomado y quemado, entonces él nos dijo que nos tomáramos la tierra… ahora que el terreno está limpio, nos vienen a desalojar para posesionarse”, dijo una de las tomatierras identificada como Blanca Rosa Rodríguez.
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Rodríguez manifestó que los lotes los adquirieron sin ningún documento legal y que el acuerdo se dio de manera verbal. “Nosotros pedimos ayuda a nuestro presidente (Daniel Ortega) y a los políticos. Así como andan invitando para las caravanas y que los acompañemos a las reuniones del Frente Sandinista (FSLN), así les pedimos la ayuda para que nos den estas tierras, porque somos gente necesitada”, expresó.
Volverán a invadir tierras
La precarista Eliza Hernández, manifestó que aunque les desmantelen sus champas, tratarán de volverse a tomar las tierras porque tienen necesidad de una vivienda digna. “Hay ancianos que están luchando y arrancando lo poco que pudieron poner, ahora no es justo que la policía nos venga a amedrantar sin ningún respaldo, sin carta de desalojo, simplemente se justifican que nosotros no somos dueños”.
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Otras de las mujeres aseguraron que por lote pagaron la cantidad de 1,000 y 2,500 córdobas a un hombre al que identificaron solamente como Rubén, quien vive cerca de la zona.
Tanto el director del Instituto como la Policía Nacional se negaron a brindar declaraciones a LA PRENSA.