La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, divulgó este miércoles su informe final sobre la catástrofe de derechos humanos en Nicaragua causada por la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega.
El informe abarca el período entre el 18 de abril y el 18 de agosto, durante el cual señala que fueron asesinadas unas 300 personas, resultaron heridas alrededor de 2,000 y más o menos 700 fueron reportadas como desaparecidas.
Según el informe de la ONU los patrones principales de los atropellos a los derechos humanos son: violación del derecho a la libertad de reunión pacífica; violaciones del derecho a la vida y a la integridad física; violaciones al derecho a la salud; desapariciones forzadas; violaciones al derecho a la libertad y seguridad personal; torturas y malos tratos; violación al derecho al debido proceso legal; y violación al derecho a la libertad de expresión.
La objetividad de este informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se pone de manifiesto al señalar que no solo el Gobierno ha cometido abusos contra los derechos humanos, sino también manifestantes antigubernamentales. Explica al respecto que “la represión de las manifestaciones y los acosos y ataques por parte de grupos progubernamentales… generaron una respuesta violenta de parte de ciertos manifestantes antigubernamentales…” Y agrega que “existe amplia información sobre el uso de medios violentos por parte de algunos manifestantes, incluyendo piedras, morteros, armas improvisadas y armas de fuego (fundamentalmente rifles)”. Sin embargo, el informe asegura que “no se encontró evidencia de que estos actos violentos hayan sido coordinados o respondieran a un plan preexistente”, con lo cual niega la versión de Ortega y Murillo de que aquí ha habido una gran conspiración armada y deja claro que “la Iglesia católica en varias ocasiones urgió a los manifestantes a abstenerse de usar la violencia”.
La dictadura no ha podido engañar a la comunidad internacional, con su acusación de que los rebeldes cívicos son terroristas. Y menos que le crean la absurda imputación a los obispos de la Iglesia católica, de que son golpistas porque le propusieron a Ortega adelantar las elecciones para salir democráticamente de la crisis.
Es bueno saber que el pueblo de Nicaragua no está solo. Que ha tenido el apoyo de la comunidad internacional y ahora la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace 14 recomendaciones al régimen de Ortega para que ponga fin a la represión. Y sugiere a la ONU “la creación de una Comisión de la Verdad híbrida (nacional e internacional), para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.
Esperamos que esta recomendación sea atendida. Eso ayudaría a poner fin a la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Ortega y lo presionaría para que negocie una solución democrática de la grave crisis nacional.