A cinco meses de protesta cívica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los secuestros selectivos de ciudadanos manifestantes y las detenciones ilegales de líderes opositores continúan en todo el país.
A esto se suma la violación al debido proceso en los juzgados en todos los casos que tienen que ver con las protestas, ya que todos son llevados ante un juez después de las 48 horas establecidas por la ley, pues primeros los torturan en las celdas de El Chipote, según familiares de afectados.
Un caso reciente fue el del mayor en retiro Tomás Ramón Maldonado, quien fue secuestrado por paramilitares el 2 de agosto en la comunidad Los Brasiles y fue acusado hasta el 24 de agosto de terrorismo, fue presentado ante el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua como el líder de un grupo terrorista integrado por nueve personas.
También está el caso del comerciante de Juigalpa, Chontales, Lenin Antonio Salablanca Escobar, de 36 años, quien tiene 13 días de detención ilegal en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, conocido como El Chipote sin que hasta hoy los familiares lo puedan ver.
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Han pasado 13 días y la zozobra de la familia de Salablanca Escobar es igual a la del sábado 18 de agosto, cuando lo detuvieron cuando este venía de participar en una marcha Azul y Blanco en demanda de la libertad para reos políticos en Santo Tomás, Chontales.
Arellys Velásquez Obando, esposa del manifestante apresado, dijo que ha introducido tres veces recursos de exhibición personal a favor de su marido, pero de los dos jueces ejecutores que le han asignado para ir a preguntar por Salablanca al Chipote ninguno ha aceptado.
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“Uno me dijo que no trabajaba como abogado y la otra me dijo que no iba a trabajar en contra de su gobierno. Lo que quieren es agotarnos, porque desde el lunes metí otro escrito a la Sala Penal Uno solicitando al tercer juez ejecutor y no me han dado respuesta”, dijo Velásquez, quien religiosamente llega a los juzgados capitalinos y al Chipote a preguntar por su esposo.
Secuestran a papá cuando dejaba comida a su hijo en el Chipote
El miércoles también fue raptado y trasladado al interior de la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, José Javier Tórrez, quien como todos los días fue junto a su esposa Ana María Arteaga a dejar el desayuno de su hijo, Ken Steve Tórrez Arteaga, quien se encuentra detenido desde hace diez días, en esas celdas, según denunció.
Arteaga explicó que a pocos metros de El Chipote fueron interceptados por una camioneta blanca de la que bajó un grupo de paramilitares que los intimidaron y subieron a Tórrez en la tina del vehíulo. Luego se dirigieron hacia el interior del penal.
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“No tengo idea de lo que está pasando, no sé si es porque yo ando pidiendo la liberación de mi hijo por todos lados, por todos los medios, no sé qué estará pasando realmente”, dio Arteaga.
La esposa de Tórrez detalló que antes de lo sucedido ya le habían advertido que la Policía Nacional andaba indagando sobre ellos: “Ya los vecinos nos habían dicho que vino la Policía a tomarle fotos a la casa y a preguntar cuántos vivíamos. Después me dijeron que nos andaban siguiendo”.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) acompañó a la esposa de Tórrez hasta El Chipote para preguntar por la detención de Tórrez, pero los oficiales no le dieron razón de él.
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Mientras tanto, los simpatizantes del Gobierno que mantienen un campamento afuera del Chipote les gritaban “Daniel se queda”.
Tanto José Javier Tórrez como su esposa Ana María Arteaga han demandado activamente la libertad de su hijo Ken Steve Tórrez, quien fue detenido el pasado 19 de agosto, desde entonces han participado en plantones, marchas y han denunciado en los diferentes organismos de los Derechos Humanos.
La madre del joven dice que su hijo fue detenido por paramilitares cuando pretendía llegar a Masaya, para participar en una marcha para exigir libertad de los presos políticos. Hasta la tarde del miércoles aún no había sido liberado.
Contra Elsa Valle
Las violaciones a derechos humanos de los manifestantes cívicos no terminan ahí, sino que aún presos los siguen hostigando.
Tal es el caso de la joven estudiante Elsa Valle, en la cárcel de Mujeres.
Valle sufrió una lesión en su pie izquierdo el viernes 17 de agosto y gritó para ser atendida, pero la atendieron diez días después del accidente.
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El médico llegó y brindó una atención superficial, y hasta la fecha no se cuenta con un diagnóstico y su padre, Carlos Valle, teme que quede lisiada.
El padre de la joven asegura que el mismo juez Julio César Arias orientó a la Cárcel de Mujeres que llevaran a Elsa a Medicina Legal para su respectivo análisis; sin embargo, no se ha hecho. Ahora su hija no puede caminar, porque tiene pie totalmente inflamado.
Contra exmilitares
Por su parte, el mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista (EPS), Aníbal Espinoza Maradiaga, explicó que se está aplicando como un principio de decir que sino se está con el gobierno, se está en contra y “te va a llover duro”, y esto se está aplicado a todos los niveles, incluyendo a exmiembros retirados del EPS. En total, tres exmilitares y tres exmiembros del extinto Ministerio del Interior forman parte de una supuesta agrupación delincuencial. El mayor Tomás Ramón Maldonado es pastor evangélico y solo llegó a orar por los jóvenes del tranque San José en Jinotepe.