El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo periodo vence en septiembre de 2019.
“Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”, aseguró Morales en una comparecencia ante la prensa acompañado de altos mandos militares.
El presidente, que se retiró sin aceptar las preguntas de los medios de comunicación, dijo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya fue “notificado oficialmente” de la “no renovación” del mandato de la CICIG y que de “inmediato” se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones guatemaltecas.
“El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actuar irresponsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes”, manifestó, pero agregó que aunque actuó “siempre de buena fe” no ha visto lo mismo por parte de la ONU.
Guatemala fue uno de los países que se abstuvo de votar en la Organización de Estados Americanos (OEA) para la creación de una comisión especial para mediar la crisis en Nicaragua.
Investigaciones de corrupción
Las investigaciones de la CICIG y de la Fiscalía han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
“Después de once años llegó el momento de transferir la capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes”, proclamó, y aseguró que su compromiso sigue para apoyar a las instituciones locales de seguridad y Justicia.
En la carta dirigida a Guterres, y en la que se recuerda que el acuerdo para la ratificación de la CICIG entró en vigor el 4 de septiembre de 2007, no se menciona ninguna controversia y se explica que hacer el anuncio este viernes, a un año de que expire el mandato, es para que se produzca esa transferencia de capacidades.
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“Como podrá ver su excelencia, la CICIG ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha Comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo, contemplados en al artículo 1 del mismo”, reza la misiva.
Ya el año pasado Jimmy Morales intentó expulsar del país al jefe de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, pero una decisión de la Corte de Constitucional frenó esta acción y pidió solventar las controversias mediante un diálogo, como señala el artículo 12 del ente.
Casos emblemáticos de la CICIG
La CICIG ha destacado por haber revelado varios casos emblemáticos que han puesto en jaque a Gobiernos, funcionarios, narcotraficantes o empresarios. En 2019 terminará su misión.
Según su mandato, la Comisión debe investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, y hacer recomendaciones al Estado “incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias”.
Desde 2009, la CICIG demostró sus alcances de investigación con casos de alto impacto, como el apoyo a la Fiscalía en la investigación de una malversación de 15 millones de dólares por parte del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien fue declarado culpable en las cortes guatemaltecas y estadounidenses, luego de su debida extradición.
También en 2009 otra investigación contra la Administración de Portillo que involucró a 32 militares guatemaltecos, entre ellos el general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo del general golpista Efraín Ríos Montt, quienes estaban acusados de haber participado en el desvío de 905 millones de quetzales (unos 113 millones de dólares) del presupuesto del Ministerio de la Defensa.
En abril de 2011, la Comisión destapó el caso del homicidio de 16 personas en un autobús que iba de Guatemala a Nicaragua, por el que fueron condenadas siete personas, entre las que destaca el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias el “Taquero”, quien también es investigado por la muerte del reo Byron Lima Oliva, el “Rey de las cárceles”.
Desde 2014, en sintonía con la exfiscal general Thelma Aldana, se desvelaron varios procesos como el control de presidios del reo Byron Lima Oliva -asesinado en 2016-, la caída del sanguinario narcotraficante Haroldo Mendoza, y de la intromisión del Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en las comisiones de postulación y jueces y magistrados en la Corte Suprema de Justicia.