El informe sobre la crisis de Nicaragua emitido el miércoles por la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh) desconoce la versión policial en dos de los crímenes más abominables y representativos del baño sangriento que provocó el régimen contra los manifestantes a partir del 18 de abril. Estos casos son la masacre del barrio Carlos Marx y el crimen contra el bebé de 14 meses Teyler Lorío Navarrete, en Las Américas Uno.
El informe de Oacnudh refiere que el 16 de junio, seis miembros de una familia, incluyendo un niño de 3 años y un bebé, murieron como resultado de un incendio provocado en su residencia en el vecindario Carlos Marx, de Managua.
“Según consta, la casa fue incendiada porque los dueños no permitieron a la Policía y a los francotiradores utilizar el tejado”, sostiene la Misión de Oacnudh.
El documento del organismo de alto nivel de Naciones Unidas coincide con los abundantes testimonios de testigos y sobrevivientes de la tragedia, como la versión que ofreció el día del sepelio uno de los hijos de las víctimas.
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“Nosotros nunca hemos simpatizado con ningún partido político, peor sandinista, y quien mató a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mis sobrinos fueron las turbas sandinistas y la Policía.
LA PRENSA/ U. MOLINA
Nosotros somos testigos donde ellos le pegaron fuego a la casa, ellos (víctimas) querían salir y ellos (turbas) apuntaban con AK-47, disparando para que no se salieran, hasta esperaron que se quemara la casa para irse”, señaló en esa ocasión un hijo del pastor, Óscar Pavón.
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La casa siniestrada era propiedad del pastor evangélico Oscar Velásquez Pavón y su pareja Maritza López, quienes murieron calcinados.
Sobre este horrendo crimen en su momento el Gobierno pretendió manipular esta masacre al asegurar que las víctimas eran miembros de su partido, pese a que una de las sobrevivientes señalaba directamente a las fuerzas gubernamentales de ser los autores.
Por las redes sociales circularon videos y testimonios en los se veía a la Policía acompañando a los paramilitares y rodeando el lugar para impedir que los vecinos auxiliaran a la familia mientras se quemaban vivos en el interior de la casa de tres pisos.
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Ante el acoso y la persecución del cual era víctima, una de las sobrevivientes que acusó directamente a la Policía de ser autora del hecho, debió salir al exilio, como lo han hecho miles de nicaragüenses.
Por esa masacre, más de dos meses después, aún no hay ningún detenido y tampoco el Gobierno volvió a recordar el caso.
manipulación de los crímenes
La ocurrencia de ambos casos causó conmoción a nivel nacional e internacional por la forma dantesca en que fue incinerada la familia y el descaro con que se quiso ocultar el asesinato del bebé bajo la figura de “suicidio”, mediante la manipulación del acta de defunción.
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En ambos hechos hubo manipulación de las autoridades por intentar responsabilizar a los manifestantes, durante una de las fases más salvajes de la represión gubernamental contra la población civil desarmada, como fue la llamada “operación limpieza” ejecutada por paramilitares y policías del régimen contra tranques y barricadas.
Paramilitares, hijos del Gobierno
Para el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, en estos dos casos que el informe de la ONU recoge sin asumir como cierta la versión propagandística del Gobierno, hay una referencia clara a la participación de los paramilitares.
“En la historia del caso la Policía opera con los paramilitares, es directamente responsable porque la existencia de grupos paramilitares, esos escuadrones de la muerte, es imposible sin el Estado”.
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A criterio de Carrión, la estructura de los escuadrones de la muerte la “crea el Estado y lo termina de rematar cuando el jefe de Estado, el propio Daniel Ortega, dice que son policías voluntarios, es la Policía Nacional la que participa allí”.
“La contundencia del informe deja al Gobierno sin argumentos razonables”, afirmó Carrión.
Otro caso emblemático de la masacre
Igualmente, el informe de Oacnudh destaca lo ocurrido siete días después, el 23 de junio, en un barrio capitalino, cerca de la Upoli, donde un bebé de catorce meses de edad murió como consecuencia de una herida de bala en la cabeza.
“Los padres del bebé declararon públicamente que individuos vestidos de civiles, a quienes identificaron como miembros de la Policía, les habían disparado”, dice el informe de Oacnudh.
Ese organismo en su informe refuerza este hecho con el señalamiento de que “ese mismo día la Policía Nacional declaró públicamente que en la mañana ‘miembros de la Policía habían estado llevando a cabo tareas para despejar las calles y asegurar la circulación sin restricciones de personas y vehículos (…) y fueron atacados por criminales que rondan los vecindarios próximos a la Upoli, resultando en la muerte, por herida de bala, de un niño de un año de edad’”.
Este fue otro caso donde el Gobierno quiso manipular grotescamente el crimen.
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El acta de defunción que le extendieron en el Hospital Alemán Nicaragüense a la madre del bebé, Karina Navarrete, establecía que las causas del deceso “era sospecha de suicidio”.
Tras las críticas a las autoridades de salud a través de los medios de comunicación y redes sociales, la médico que extendió el documento alegó en un video que ese no era el documento original que ella había extendido a la madre del bebé.
En una denuncia ante el Cenidh, los padres de la víctima presentaron el documento original que confirmaba la versión “de sospechas de suicidio”.
Ese día, la “operación limpieza” dejó varias muertes en los barrios orientales de Managua y, desde la fecha, la autoridades del Estado no han presentado a los responsables ni los informes de las investigaciones.
Otros aspectos del informe
El informe de Oacnudh hace un relato cronológico de los principales hechos que han ocurrido en Nicaragua tras las manifestaciones pacíficas a partir del 18 de abril, que fueron reprimidas por paramilitares, y que se extendió hasta la fecha.
Entre otros señalamientos que hace el informe destaca que el Diálogo Nacional no pudo alcanzar acuerdos para poner fin a la crisis. “Un acuerdo inicial de tregua de 48 horas no fue respetado, ya que estudiantes que ocupaban la UNA (Universidad Nacional Agraria) fueron atacados por la Policía”, refiere el informe.
Otro hecho que resalta el informe fue que el ataque a la marcha del 30 de mayo, Día de las Madres. “Según la información obtenida por la Oacnudh, la marcha en Managua fue atacada por grupos armados progubernamentales ubicados cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería, mientras que ataques similares tuvieron lugar contra otras marchas a lo largo del país”. De acuerdo con fuentes oficiales, hubo 15 personas muertas y 199 heridas el 30 de mayo. “Este momento marcó un repunte de violencia en la crisis y motivó una ola de condenas por parte de la comunidad internacional”.