La opinión pública internacional ha reaccionado con estupor a la brusca expulsión de Nicaragua, del grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ordenada por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La expulsión ha sido una reacción irracional al informe que esa institución presentó el miércoles de esta semana, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura en el curso de las protestas que comenzaron el 18 de abril y siguen hasta ahora.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es contundente contra el régimen orteguista, pero no hace más que señalar los horrorosos hechos represivos ocurridos en el país. Inclusive, el informe es irreprochablemente objetivo pues consigna tanto las violaciones a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas represivas del régimen, como también los abusos cometidos por algunos manifestantes opositores que recurrieron a la violencia para defenderse de la represión gubernamental.
Pero Ortega no acepta los hechos, inventa su propia realidad alternativa en la que todas las personas que se le oponen son terroristas y “perros rabiosos”, que como tales no tienen derechos que deban ser respetados. A partir de ese criterio, cualquier atrocidad contra las personas que participan en las protestas pacíficas, inclusive delitos de lesa humanidad —como la desaparición forzada de personas, la tortura, la quema de familias enteras, el asesinato atroz y las ejecuciones sumarias—, es considerada normal por los gobernantes.
Pero no es así. Todas las personas tienen derechos humanos reconocidos universalmente y por la Constitución de Nicaragua, derechos que deben ser respetados ante todo por quienes ejercen o detentan el poder. Quienes hacen lo contrario deben atenerse a las consecuencias, entre las cuales la primera es la denuncia pública internacional, como se ha hecho en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por cierto que esta institución es una de las más prestigiosas y respetadas en el sistema de las Naciones Unidas y en todos los ámbitos de la comunidad mundial de naciones y gobiernos. Se puede discrepar de sus informes y recomendaciones, pero no es admisible poner en duda su honestidad y mucho menos descalificarla con acusaciones e insultos como los que ha usado Daniel Ortega.
Esta insólita y prepotente decisión del régimen de Nicaragua es contraria a la ley y la institucionalidad internacional. Pero también es mayor razón para que la catástrofe de derechos humanos en Nicaragua sea discutida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el próximo miércoles 5 de septiembre.