Ministerio de Salud orientó “negar atención médica” a manifestantes, según informe de la ONU

La ONU recibió abundante información acerca del "cierre de hospitales públicos o de su acordonamiento por parte de policías y elementos armados"

Un joven es atendido por voluntarios de Cruz Roja, en el sector de Metrocentro, luego que la Policía Nacional desatara un ataque en contra de los estudiantes. LA PRENSA/JADER FLORES

La violación al derecho humanitario internacional de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hacia la población nicaragüense herida en el contexto de la represión estatal, fue ampliamente documentada en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

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El organismo afirmó haber recibió abundante información acerca del “cierre de hospitales públicos o de su acordonamiento por parte de policías y elementos armados progubernamentales en diferentes partes del país, durante y después de las protestas”.

Esta situación no solo afectó el derecho de acceso a cuidados médicos sin discriminación, sino que también afectó al personal de la salud. Muchos profesionales de la salud fueron despedidos arbitrariamente por haber prestado su servicio a los más de dos mil heridos en las protestas sociales.

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“…en los hospitales públicos, el personal médico fue instruido por el Ministerio de Salud a negar atención médica a todos aquellos que participaron en las protestas y barricadas. El personal de salud que se rehusó a seguir estas instrucciones ha sido objeto de intimidación, y represalias por parte de sus superiores”, dice el informe, presentado el jueves 30 de agosto de 2018.

Desde el inicio de las protestas ciudadanas, en abril, sectores del gremio médico han apoyado las manifestaciones pacíficas y atendido a los heridos en los enfrentamientos. Ahora el Gobierno toma represalias. LAPRENSA/ Archivo

El primer caso documentado fue el del adolescente Álvaro Conrado, quien llegó desangrándose al hospital Cruz Azul, después de recibir un disparo en la traquea, durante el ataque de policías y paramilitares a universitarios atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería el 20 de abril de 2018, en el tercer día de protesta.

Luego la población denunció en innumerables ocasiones que los hospitales públicos negaban la atención médica a los heridos, incluso muchos jóvenes murieron desangrados en las camillas hospitalarias, en espera de atención.

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Asimismo denunciaron que en emergencia estaban presentes policías y paramilitares para llevarse detenidos a los heridos, razón por la que pobladores y familiares dejaron de llevar a los heridos a los hospitales.

En muchos casos, las ambulancias trasladaban a paramilitares y armas de represión.

“En algunos hospitales, la policía solicitó a la administración que entregara información de los pacientes, incluyendo a los heridos, por lo que muchas personas heridas no acudieron a los hospitales por miedo de ser arrestados”, reza el documento de la ONU.

Despidos masivos

Acnudh también recoge que, el 25 de mayo, la Asociación Médica Nicaragüense denunció públicamente la manipulación del sistema público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las protestas y a finales de julio empezaron los despidos de doscientos médicos, la mayoría de estos especialistas.

“En diversos lugares donde las operaciones limpiezas tuvieron lugar como en la UNAN y Masaya, las autoridades no brindaron garantías para una rápida y segura evacuación de los heridos, la organización recibió denuncias de personas heridas durante la operación limpieza que no pudieron salir de las áreas rurales para recibir atención médica por miedo a ser identificados y arrestados”, revela el informe.

Esta negativa de proporcionar seguridad para la atención médica de los heridos ocasionó la muerte de los universitarios Gerald Vásquez y Francisco Flores en la iglesia Divina Misericordia y la UNAN.

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También se reportaron campesinos muertos en San Pedro de Lóvago, cuyos cuerpos aparecieron en los montes porque no recibieron atención médica, por miedo a la cacería que la Policía y paramilitares montaron en la zona.
Los despidos arbitrarios de galenos se dieron en hospitales públicos de León, Masaya, Managua, Jinotepe y Diriamba, según el documento de Acnudh, aunque este viernes 31 de agosto se sumaron despidos en Juigalpa, Chontales.

“Esta medida afectará la calidad del sector salud y el acceso a servicios médicos básicos y especializados”, reafirma el informe.

Más violaciones

El consultor independiente sobre derechos humanos Uriel Pineda explicó en su momento que dentro de los estándares establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, Nicaragua no está en guerra, debido a que los manifestantes no están armados.

“La utilización de vehículos de bomberos y ambulancias para penetrar en los tranques es un uso prohibido de medios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y se conoce como perfidia. No se pueden usar ambulancias para atacar a manifestantes, es una práctica contraria a las reglas más elementales de asistencia humanitaria en un conflicto”, precisó Pineda.

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