El Gobierno guatemalteco confirmó este martes la decisión de no permitir el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, por considerar que atenta contra la seguridad y la paz.
“El Consejo de Seguridad Nacional recomendó al presidente de la República, Jimmy Morales, prohibir el ingreso al territorio nacional del señor Iván Velásquez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”, aseguró la nota.
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Este martes empezó a circular por redes sociales una resolución de la Dirección General de Migración en la que, por orden del presidente guatemalteco se giraban instrucciones para impedir “el ingreso del señor Iván Velásquez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo”.
La decisión se produce después de que la semana pasada Morales anunciara que no renovaría el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, por supuestamente sembrar el terror judicial, llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias y violar las leyes locales e internacionales.
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El Gobierno se ha limitado este martes a enviar un comunicado en el que asegura que después de dar por agotado el diálogo establecido desde el año pasado con la ONU para solucionar las controversias con la Cicig se adoptó esta decisión.
“El Consejo de Seguridad Nacional del Estado de Guatemala y ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando, en consenso, lo referente al ingreso a territorio nacional” del comisionado, agregó la nota.
Sustituto para Velásquez
El Gobierno asegura que Morales solicitó al secretario de la ONU, el portugués Antonio Guterres, que nombre un sustituto para Velásquez, y añade que será respetuoso del mandato de la Comisión, cuyo periodo vence en septiembre de 2019.
Morales y la Cicig tienen una fuerte controversia desde el año pasado, que inició cuando el presidente intentó expulsar del país al abogado colombiano al declararlo non grato, una decisión que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
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Pero la tensión siguió aumentado con otras decisiones, como retirar a agentes de la seguridad perimetral de la sede de la Comisión, sacar a investigadores y aumentar los engorrosos trámites legales para solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil en los operativos que desarrolla con la Fiscalía.
La CICIG y la Fiscalía guatemalteca pidieron además desaforar al mandatario guatemalteco por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015