A tres meses y medio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 15 recomendaciones al Gobierno tras su visita a Nicaragua, ninguna de ellas se ha cumplido, según organismos de derechos humanos en el país.
Varias de las mismas están contenidas en las 16 recomendaciones que dirigió al Gobierno la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Las recomendaciones de Oacnudh para superar la crisis en el país son más recientes y se pueden leer en un informe emitido la semana pasada, el que le costó el cese de la visita al equipo que las formuló.
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“De las quince recomendaciones efectuadas por la CIDH no se ha cumplido una sola”, reaccionó vía telefónica el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, desde Costa Rica, donde se encuentra exiliado.
Leiva considera que “todavía persiste la crisis de violación de derechos humanos en Nicaragua y eso se refleja en dos componentes en la crisis que se está enfrentando en Nicaragua y en las consecuencias de esa crisis, que se refleja con el alto índice de migración de nicaragüenses hacia Costa Rica y hacia diferentes países del mundo”.
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, coincide en cuanto a que “de las 15 ninguna (se ha cumplido)”.
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Para la directora del Cenidh, los nicaragüenses siguen siendo víctimas de las violaciones de derechos humanos, las cuales se profundizaron a partir del 18 de abril.
“Sigue la agresión, sigue la violación al debido proceso, sigue la falta de acceso a los organismos de derechos humanos para constatar in situ situaciones violatorias, se suspendió la Mesa de Diálogo”, mencionó Sierra.
A criterio de Leiva, las recomendaciones que los defensores le han hecho al Gobierno coinciden en el contexto de violaciones de derechos humanos. El Estado de Nicaragua no demuestra voluntad política de mejorar.
Situación persiste
En la recomendación número de 10, la CIDH exhorta a las autoridades estatales a “abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo”.
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La Oacnudh lo coloca en su primera recomendación. “Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación antiterrorista), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros”.
Leiva y Sierra coinciden que esta situación está vigente en el país. En el caso de Leiva, pese a su labor destacada durante la mayor crisis de la represión, sobre todo en Masaya, el acoso, la intimidación y las amenazas de represalia en su contra le llevaron al autoexilio.
Otro derecho incumplido
Otro ejemplo que el Gobierno ha ignorado las recomendaciones mencionadas se confirma con el último hecho ocurrido en Managua, con el irrespeto al derecho a manifestarse.
La Policía Nacional buscó por todos medios evitar la realización de la Marcha de las Banderas de la población autoconvocada el pasado domingo, y las fuerzas paramilitares hicieron disparos contra la población desarmada, lo cual dejó como resultado dos heridos.
La llegada al país de los equipos de la CIDH y de la Misión de Oacnudh fue uno de los requerimientos que hizo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para continuar en la Mesa del Diálogo Nacional.
Sierra recuerda que “una de las condicionantes que puso (el Gobierno) era el tema de levantar los tranques”.
Sin embargo, las denuncias han continuado por la represión del Gobierno contra los manifestantes pacíficos. El ejecutivo señala a los manifestantes de quererle dar un “golpe de Estado”.
Desde Panamá
El viernes pasado, Daniel Ortega expulsó a la representación de la Oacnudh en Nicaragua, bajo el argumento de que “han cesado las razones, causas y condiciones” por las que la misión permanecía en el país.
A través de su cuenta de Twitter, el equipo regional de Oacnudh anunció que trabaja en la estrategia y el plan de acción para continuar con el monitoreo y acompañamiento a las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad, desde esa oficina en Panamá.
Esta acción de represalia de dar por terminada la visita de la Misión de Oacnudh, tras presentar su informe crítico, demuestra, según la directora del Cenidh, Marlin Sierra, que no hay voluntad política del Estado de querer realmente cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos.