La vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Liz Throssell, lamentó la decisión del Gobierno “de expulsar” de Nicaragua al equipo de Oacnudh, un día después de publicado un informe sobre las violaciones y abusos cometidos en el país desde abril pasado, donde grupos asociados con las protestas enfrentan cada vez más la criminalización y el arresto.
En un comunicado de prensa, el Oacnudh refirió que el equipo salió de Nicaragua el 1 de septiembre, “pero seguiremos monitoreando la situación de los derechos humanos en el país de manera remota, de conformidad con el mandato global de la Oacnudh de promover y proteger los derechos humanos de todas y todos, y continuaremos siendo una voz para las víctimas”.
Asimismo consideró que la protección de las víctimas en Nicaragua “es cada vez más desafiante” ante la limitación en el acceso y la supervisión por parte de la comunidad internacional.
“En las últimas semanas, individuos y grupos asociados con las protestas han enfrentado cada vez más la criminalización y el arresto. También se han realizado campañas de difamación por parte de los medios de comunicación afines al Gobierno, que incluyen el calificar a los manifestantes como ‘terroristas’ y ‘golpistas’, además de despidos injustificados y amenazas generalizadas”, expresó Throssell.
LA PRENSA/OSCAR NAVARRETE
La vocera de Oacnudh reiteró la disposición de apoyar al Estado nicaragüense para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“A tal efecto, continuaremos cooperando con los mecanismos regionales de derechos humanos y la comunidad internacional”, dijo la vocera de Oacnudh, quien reiteró además que el informe de la Misión y sus recomendaciones “proporcionan una herramienta importante para ayudar a Nicaragua a superar su profunda crisis política y social actual, fortalecer sus instituciones y ayudar en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas”.
Piden a Bachelet alce la voz por Nicaragua
El comunicado de prensa de Oacnudh fue emitido en Ginebra al tiempo que se conoce la copia de una carta que será dirigida por más de 30 organizaciones, articulaciones y movimientos a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, a través de la cual le solicitan que al inicio de su mandato “alce su voz por Nicaragua en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos y como una señal de respaldo a la sociedad civil nicaragüense”.
“En el momento que usted asume la más alta posición del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis sociopolítica, pero sobre todo en una crisis de derechos humanos”, le refieren en la misiva.
Tras explicarle que el 18 de abril los nicaragüenses se volcaron a las calles a ejercer su derecho a la manifestación pacífica, le afirman que el Estado respondió represivamente “con una violencia inimaginable”.
“En los últimos cuatro meses, hemos visto los muertos, los heridos, los desaparecidos, los detenidos y los torturados acumularse”, dice la carta de las ONG que le indican que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia ha cobrado 322 muertes “la mayoría como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado y 1830 han sido heridas en el contexto de las protestas”.
Entre los firmantes están la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Comité de América Latina y El Caribe Para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem), Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Human Rights Foundation, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica) y una serie de organizaciones nacionales.
A través del mismo las organizaciones le dicen a Bachelet que a la fecha el Gobierno no ha permitido que se adelanten las investigaciones necesarias para que los autores sean llevados ante la justicia. Por el contrario se han redoblado las acciones para criminalizar las protestas mediante la aprobación de una ley contra el terrorismo y el lavado de dinero.
“Además, se ha desplegado una persecución selectiva que ha resultado en la detención arbitraria y enjuiciamiento sumario o en la desaparición forzada de cientos de personas por haber participado o apoyado las protestas antigubernamentales, entre ellos médicos, estudiantes, periodistas, campesinos, sacerdotes y defensores de derechos humanos”, refieren las organizaciones a la Alta Comisionada.