El último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), publicado este martes, indicó que las víctimas de la represión suman ya 481 fallecidos desde abril pasado.
De ese total de muertes ocurridas en los más de cuatro meses de rebelión cívica, en la que los manifestantes han protestado sin armas, 410 fallecieron en Nicaragua por impactos de bala, según el organismo.
De acuerdo con el análisis de ANPDH, 460 de las víctimas fueron hombres y el resto mujeres, pero el organismo hace énfasis en el tipo de arma usada para los crímenes.
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Mientras el informe asegura que 410 fallecieron producto de armas de fuego, en cinco casos fue por arma blanca, una por arma artesanal y 65 por otras causas.
La ANDPH destaca también que 163 de los fallecidos recibieron un impacto en la cabeza, que representaron la mayoría; otros 99 fueron impactados en el tórax, 37 en el abdomen, veinte en la espalda, dieciséis en el cuello, cuatro en las piernas y en otros 71 no se precisa donde fue el balazo.
Actuación de la Policía
En cuanto a la ocurrencia de las muertes, la ANDPH establece un total de 455 víctimas de asesinato. La ANPDH indica que al menos en 86 de los crímenes ocurrieron en “enfrentamientos desproporcionados entre civiles y fuerzas combinadas del Gobierno, en los cuales indica incluye los asesinados por francotiradores”.
Otras 57 personas fueron ejecutadas luego de ser capturadas y neutralizadas durante los enfrentamientos; e incluso conducidas a otros lugares para hacerles torturas, revela ANPDH.
Mientras 152 personas murieron en “ejecuciones aleatorias en ataques sorpresivos a marchas pacíficas (como el 30 de mayo); a barricadas y tranques (en momentos que no había enfrentamientos); a tomatierras; a lugares como supermercados en que la población evitaba saqueos; o a personas seleccionadas en la calle sin ninguna razón aparente, algunas de las cuales fueron llevadas a otros lugares para torturas”, refleja el reporte del organismo.
En tanto, otras 116 ocurrieron en “ejecuciones planificadas buscando en casas o en otros sitios por haber participado o apoyado en las barricadas, con base en listas suministradas por los CPC de los barrios; o por no haber colaborado con el Gobierno”.
Y 36 fueron víctimas de “asesinatos efectuados en hechos delictivos que aparentan ser planificados y ejecutados por paramilitares encapuchados y armados”.
La ANPDH considera que estos casos se deben investigar objetivamente antes de descartarlos. “Se incluyen hechos en que hay contradicciones de la versión oficial con la de los testigos y periodistas; y también hechos en que es obvio que fueron planificados para robar armas”. Solo ocho de los casos están sin precisar.
Sin embargo, la ANPDH “considera que los incluidos en esta lista fallecieron en el contexto de las protestas cívicas iniciadas el 19 de abril del 2018”.
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“Para descartarlos se deberá primero esperar necesariamente el resultado de investigaciones responsables y objetivas que tendrá que hacer el Estado de Nicaragua a través de las autoridades competentes con la colaboración de organismos internacionales de derechos humanos”, sostienen.
La represión también ha causado 3,962 heridos, según el organismo, cuyos principales dirigentes están en el exilio en Costa Rica tras el acoso gubernamental.
Mil desaparecidos
En más de cuatro meses de protestas ciudadanas, reprimidas por el Estado, 1,338 personas fueron secuestradas por paramilitares, de las cuales durante este tiempo únicamente han aparecido 123 por gestiones de esa organización, junto a la Iglesia católica. Ellos denunciaron haber sido torturados.
De esta manera, ANPDH estima que 1,215 personas aún permanecen o detenidas de forma ilegal u otras están desaparecidas, sin que todavía se conozca dónde permanecen.
Se debe destacar que, desde el 19 de abril a la fecha, los organismos de derechos humanos no han dejado de registrar denuncias sobre secuestrados por paramilitares.