La ONU y la responsabilidad de proteger

Daniel Ortega no ha querido atender la demanda de la comunidad internacional de poner fin a la despiadada represión contra el pueblo nicaragüense

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A pesar de la oposición de Rusia y China, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU que desde el 1 de septiembre es ejercida por Estados Unidos (EE.UU.), decidió que se debe discutir este miércoles el tema de la catástrofe de derechos humanos ocurrida en Nicaragua.

Daniel Ortega no ha querido atender la demanda de la comunidad internacional de poner fin a la despiadada represión contra el pueblo nicaragüense. En vez de hacer caso a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, los ha acusado de parcialidad con inexistentes golpistas y terroristas, les ha impedido hacer su trabajo de investigación e inclusive expulsó a la comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que se encontraba en el país.

Ortega también ha desconocido al Grupo de Trabajo integrado por 12 países del hemisferio occidental, creado por la OEA para ayudar a Nicaragua a salir de la crisis socio-política, mostrando así su desprecio a las normas e instituciones del derecho internacional.

De allí que para algunos gobiernos democráticos preocupados por la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, es muy importante que el problema sea discutido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 países miembros, de los cuales 5 son permanentes con derecho de veto y 10 rotativos sin facultad de vetar. Pero el veto se refiere a resoluciones, no a cuestiones de procedimiento como es la orden del día.

La responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, es velar por la paz y la seguridad internacional y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de la Organización.

El Consejo de Seguridad puede determinar si hay una amenaza a la paz o un acto de agresión de un Estado contra otro, y recomendar las medidas a tomar, incluso el uso de la fuerza militar contra el agresor. Pero este no es exactamente el caso de Nicaragua. Aquí la agresión armada es del Estado contra una población desarmada que reclama sus derechos, y una horrorosa violación masiva de los derechos humanos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad puede actuar en este caso de acuerdo con la doctrina de la “Responsabilidad de proteger” aprobada por la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en septiembre de 2005.

La “Responsabilidad de proteger» significa que la ONU puede y debe intervenir por medio del Consejo de Seguridad, en auxilio de las víctimas de serias violaciones de derechos humanos. Se parte de que cada Estado es responsable de proteger a su población, pero si no lo hace y más bien la agrede incluso con crímenes de lesa humanidad —como es el caso de Nicaragua—, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de acudir en su auxilio.

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