El Gobierno de Costa Rica afirmó este miércoles que continuará abogando en foros internacionales por el respeto a los derechos humanos de la población de Nicaragua y por el fin del conflicto político que afecta a ese país desde abril pasado.
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“Costa Rica seguirá alzando la voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los diferentes pactos de derechos humanos, y hasta que la razón, el buen juicio y el respecto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua”, indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este pronunciamiento ocurre unas horas después de que el embajador costarricense ante las Naciones Unidas, Rodrigo Alberto Carazo, emitiera un discurso en la sesión del Consejo de Seguridad acerca de Nicaragua.
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“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reitera la convicción de que el camino del diálogo, comprometido y efectivo, debe ser la solución al conflicto político que azota a la población nicaragüense”, indica el comunicado.
El texto también “urge al gobierno de Nicaragua a restablecer las condiciones para que el diálogo entre todas las partes sea posible y solicita a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la comunidad internacional en general, a apoyar la solución de la crisis en Nicaragua”.
Flujo migratorio
La crisis que vive Nicaragua ha provocado un flujo migratorio hacia la vecina Costa Rica, aún no cuantificado con precisión, pero que se puede dimensionar con unas 25,000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses.
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Sin embargo, las autoridades creen que el 80 por ciento de esas solicitudes corresponden a personas que ya vivían en Costa Rica desde antes de la crisis, y que pretenden obtener refugio para regularizar su situación migratoria.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
“Costa Rica reitera que son inadmisibles las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la obstrucción al acceso a la atención médica, las detenciones arbitrarias o ilegales de carácter generalizado, malos tratos y casos de tortura y violencia sexual en centros de detención”, agrega el comunicado del Gobierno costarricense.
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La crisis que vive Nicaragua es la más sangrienta desde la década de los años de 1980, también bajo la presidencia de Daniel Ortega, quien denuncia un intento de golpe de Estado y rechaza las acusaciones contra su Administración.
Las manifestaciones contra Ortega y su pareja y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.