En Nicaragua no se practican torturas, tampoco hay presos políticos, los paramilitares sandinistas no existen y no habrá elecciones anticipadas. Cada una de estas afirmaciones la hizo el presidente designado por el poder electoral —Daniel Ortega— a la agencia de noticias Efe, a la que ofreció su versión sobre la grave crisis que vive el país desde abril pasado, un día antes que el tema de Nicaragua sea abordado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A partir de entonces, miles de ciudadanos salieron a las calles a pedir su renuncia y la de su esposa, Rosario Murillo.
Durante la entrevista, Ortega nunca aceptó su responsabilidad en la masacre de 481 personas durante la brutal represión a la población.
La cifra de los crímenes en el contexto de la protesta ciudadana y pacífica fue actualizada este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo informe señala que un 84 por ciento de los asesinatos fueron por impactos de bala en la jornada de protestas desde el 18 de abril.
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Ese informe indica que 1,215 personas aún permanecen detenidas de forma ilegal o han desaparecido por la Policía y los paramilitares, debido a su participación en las manifestaciones que exigen la renuncia de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Se erige como juez
En la nueva visión de Ortega sobre la crisis, el mandatario rechaza que la ola de detenciones en contra de pobladores sea por sus pensamientos políticos, insistiendo que los apresados son por haber cometido “crímenes contra el pueblo”. Todos los detenidos en las protestas son acusados de terrorismo.
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“No tenemos presos políticos. Los que están detenidos están detenidos por crímenes que han cometido en contra del pueblo y están siendo sometidos a los procesos correspondientes. Nadie está detenido por sus ideas y por su activismo político”, dijo Ortega.
Organismos de derechos humanos internacionales y locales, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Movimiento Campesino y la Coalición Universitaria han denunciado la criminalización de las protestas con la detención de decenas de ciudadanos, entre ellos estudiantes, campesinos y promotores de derechos humanos por participar en las protestas contra el régimen.
Entre los apresados ilegalmente y sometidos a un sistema de justicia controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se cuentan los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, así como los miembros del Movimiento Universitario Byron Estrada, Luis Muñoz y Nahiroby Olivas; Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando.
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A ellos se les suman otros seis de la Coalición Universitaria: Edwin Carcache, Alejandro Centeno, Judith Belén Mairena, Iskra Malespín, Grecia Ramírez y Ariana Moraga, quienes fueron secuestrados este martes por la Policía Nacional.
Otra sobre paramilitares
El informe sobre la violencia en Nicaragua de la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas documentó la serie de violaciones de derechos humanos a la población por parte de “grupos armados progubernamentales”, actuando de forma conjunta y coordinada con la Policía.
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Ortega en la entrevista cambió su versión sobre los paramilitares, al afirmar que “los únicos paramilitares que han existido en Nicaragua son estos que se forman después de 2007 y han cometido y siguen cometiendo cantidad de crímenes. Nosotros hemos librado esa batalla con la Policía y el Ejército. Hay compañeros del Ejército que han muerto en ese combate que no existe para la derecha ni para los organismos de derechos humanos. Cuando cae un delincuente es víctima de la Policía y el Ejército”.
Es la cuarta versión del mandatario sobre los parapolicías que bajo sus órdenes han fomentado un clima de terror entre la población. En su primera entrevista internacional, a raíz de la crisis, Ortega dijo que eran grupos financiados por partidos de oposición, luego que eran asistidos por Estados Unidos y después señaló que son “policías voluntarios” y otros son civiles defendiéndose de ataques.
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El reciente ataque de los paramilitares fue el domingo 2 de septiembre cuando, desde una camioneta donde llevaban banderas del FSLN, se disparó contra la Marcha de las Banderas. Un manifestante resultó herido.
Torturas
El informe sobre la violencia en Nicaragua desde el 18 de abril de la misión de la ONU señaló que en el país se cometieron asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas y detenciones arbitrarias.
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Ortega no se siente responsable de esos crímenes y prefirió atacar a los organismos internacionales de derechos humanos de responder a intereses de Estados Unidos y de los grupos en el país que le adversan.
“Para ellos (organismos) no existen los 22 policías muertos, ni los compañeros quemados que eran civiles, la vivienda quemada donde murió un niño… una vivienda donde habitaba un compañero sandinista que tenía una fábrica de colchones y como no se sumó al paro y estaba en la zona caliente lo fueron a agredir y a pegar fuego. Le incendiaron la casa y murió la familia completa”, relató Ortega en referencia a uno de los asesinatos más abominables de la represión.
Pero esa versión de los hechos los bota el informe de la misión de la ONU donde se refiere que el 16 de junio, seis miembros de una familia, incluyendo un niño de 3 años y otro bebé, murieron como resultado de un incendio provocado en su casa en el barrio Carlos Marx de Managua. “Según consta, la casa fue incendiada porque los dueños no permitieron a la Policía y a los francotiradores utilizar el tejado”, sostiene el informe.
En la entrevista con Efe, Ortega tampoco aceptó las denuncias de diversas organizaciones y la población contra la Policía y los paramilitares por disparar a las marchas, específicamente la del 30 de mayo, el Día de la Madre, y en la que oficialmente el Gobierno informó de la muerte de 18 personas y 218 lesionados por ese ataque.
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“Eso es una gran mentira. Yo vi la manifestación por la televisión, porque la estaban transmitiendo. Y allí lo que hubo fue una embestida de parte de los manifestantes en contra de la otra marcha que había hacia la Avenida Bolívar, una embestida armada”, respondió Ortega sobre la masacre a la Madre de todas las Marchas.
El ataque armado lo sufrió la multitudinaria marcha en el sector de la Avenida Universitaria cuando avanzaba por el Estadio Dennis Martínez, desde donde, según los manifestantes y reportes de medios de comunicación, francotiradores de la Policía y paramilitares dispararon con armas de alto calibre. En el momento del ataque a esa marcha, una de las más grandes jamás vistas en la historia reciente del país, Ortega daba un discurso a simpatizantes sandinistas y empleados públicos concentrados en la Avenida Bolívar. Entre ese sitio y el lugar del ataque hay 2.55 kilómetros de distancia.
CPDH: tiene su masacre
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta su peor crisis en once años, desde que estalló una el 18 de abril por la represión a las protestas ciudadanas que exigen la renuncia de la pareja presidencial. Pero para Ortega todo es “golpe criminal” para sacarlo del poder e insiste en su versión de que grupos de Estados Unidos vinculados al narcotráfico financian a los grupos que le adversan.
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Nuevamente Ortega rechazó adelantar las elecciones como opción pacífica a la grave crisis, pues “es lo más absurdo que se ha planteado, sería sentar un precedente muy negativo que daría lugar a que en cualquier momento habría que hacer pasar un Gobierno cuando a la oposición no le gustara sus medidas”.
Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), consideró que Ortega “está desesperado al evidenciar los organismos de derechos humanos internacionales que aquí ha habido una masacre indiscriminada al pueblo”.
Carlos Tünnermann, de la Alianza Cívica, opinó que los cambios de versión de Ortega sobre los paramilitares “es la prueba de que esos grupos de muerte existen”.