Claves para entender el debate sobre la crisis de Nicaragua en el Consejo de Seguridad en la ONU



Claves para entender el debate sobre la crisis de Nicaragua en el Consejo de Seguridad en la ONU

Exembajador de Nicaragua en la ONU, Julio Icaza, analiza que los miembros del Consejo de Seguridad "reconocen la importancia de activar los mecanismos internacionales y que se retome el diálogo y se respeten los derechos humanos" como solución pacífica de la crisis

ONU

Fotografía cedida por la ONU donde aparece el canciller nicaragüense, Denis Moncada, mientras habla con el jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gonzalo Koncke. LAPRENSA/EFE

El exrepresentante de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard, estima que sólo el hecho que el Consejo de Seguridad de ese órgano mundial abordara la crisis del país debido a la represión a la población por el gobierno de Daniel Ortega es un logro, porque en el debate los miembros del consejo “reconocen la importancia de activar los mecanismos internacionales y que se retome el diálogo nacional y se respeten los derechos humanos” como una solución pacífica de la crisis.

Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la situación de violencia que vive Nicaragua desde el 18 de abril y que ha dejado un saldo sangriento de 481 asesinatos, miles de heridos, de detenidos ilegalmente y sometidos a procesos judiciales por participar en las protestas ciudadanas que exigen la renuncia de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estados Unidos, quien preside el Consejo de Seguridad, promovió que el tema de la represión en Nicaragua como agenda.

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Icaza explicó que durante el debate la mayoría de los miembros del Consejo se expresaron “a favor de la diplomacia preventiva”, a pesar de que otros países como fueron Rusia, Bolivia, Venezuela y China se oponían a discutir la situación en Nicaragua por no considerarla una amenaza para seguridad mundial.

“Hay que tener en cuenta que algunos miembros del Consejo no son democracias y no ven con agrado este tipo de discusiones sobre violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la forma inteligente en que la Presidencia del Consejo introdujo el tema, (la embajadora estadounidense Nikki Haley)  como un aspecto específico de la colaboración entre la ONU y los organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,  ha hecho difícil a algunos  oponerse a la discusión”, valora el exembajador Icaza.

Explica que de este debate no se esperaba que saliera una resolución de condena contra el gobierno de Ortega. “En general el debate ha sido positivo, aún con las intervenciones de aquellos países alineados con Rusia”, mencionó Icaza Gallard, por cuanto en esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU  participaron los países miembros del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes explicaron los esfuerzos por ayudar y la negativa del régimen de Ortega de sostener un diálogo creíble y de tocar el tema del adelanto de las elecciones como la opción democrática a la crisis que sumerge a Nicaragua desde hace más de cuatro meses.

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La participación de la OEA en esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para Icaza es “de mucha importancia por cuanto uno de los objetivos principales de la iniciativa es lograr el apoyo del foro mundial a los esfuerzos regionales en marcha” para que Ortega entienda que la salida a la crisis es el diálogo.

El exembajador ve posible que el debate se reanude en los próximos días pues la sesión se suspendió por agotamiento de la lista de oradores prevista.  Icaza esperaría que los miembros del Grupo de Trabajo conformado en la OEA expresaran sus posiciones en futuras sesiones en el Consejo de la ONU, así como el resto de países centroamericanos y de otras regiones, como la europea occidental.

“Mientras del debate continúa se podrá ir trabajando en una decisión, que podría revestir la forma de una declaración presidencial o una resolución. La primera requiere el consenso, difícilmente alcanzable con las posiciones rusa y china. Un proyecto de resolución centrado en asuntos de principio, como apoyo a la OEA, al diálogo y la negociación, etcétera, en cambio, podría poner en aprietos a estas dos superpotencias, y empujarlas a la abstención, sobre todo si ese proyecto de resolución lleva el apoyo o copatrocinio de los latinoamericanos. La opinión de la región y del organismo regional tiene un enorme peso en Naciones Unidas”, explicó.

El excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre, también valoró que lo trascendental es que “se está ventilando la crisis de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU” donde se ha hablado de los más de 480 muertos que ha dejado la represión. No obstante Aguirre dice que solo se trata de “una acción política”.

Ex canciller Francisco Aguirre avizora prontas sanciones para Nicaragua

Para Aguirre Sacasa  las acciones internacionales concretas contra el régimen de Ortega vendrán por parte de Estados Unidos, pues ve más cercanas las sanciones hacia el círculo cercano de la pareja presidencial.

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“Veremos en los próximos diez días qué posiciones van a tomar la Cámara de Representantes y la Administración norteamericana (…) Entre influyentes miembros de ambos partidos (demócratas y republicanos), hay un deseo de empezar a castigar de manera contundente a las personas del gobierno nicaragüense que se negado a dialogar y han dirigido la represión contra la población”, afirma Aguirre Sacasa.

La aprobación de la Nica Act también sería parte de las medidas que podrían aprobarse en Washington contra la administración de Ortega-Murillo.

“La Nica Act a mi criterio es irrelevante porque es un intento tibio de presiones económicas, pero ante la represión va mucho más allá de lo que podrá impactar esta ley. Pero creo que será aprobada”, dijo el excanciller nicaragüense.

Las sanciones más fuertes para Aguirre vendrían con la aplicación de la Ley Global Magnitsky contra más funcionarios del régimen orteguistas por su responsabilidad en la violación de derechos humanos a la población civil.

“Se prepara el Magnitsky Nica, es muy posible (estas sanciones) a la administración Ortega-Murillo”, afirmó Aguirre Sacasa.

Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, dos de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, integran la nueva lista de propuestos para sanciones bajo la Ley Global Magnitsky, medidas impulsadas por un grupo de legisladores. También  están propuestos para sanciones al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la ministra de Salud, Sonia Castro. Los cuatro son señalados de corrupción con fondos públicos y violaciones a los derechos humanos.

El mundo está preocupado

Para el exvicecanciller de Nicaragua, José Pallais Arana, en la sesión del Consejo de Seguridad quedó demostrado que los ojos del mundo ven con preocupación la crisis que vive Nicaragua.
“Es alentador para la causa del pueblo de Nicaragua el comprobar que la gran mayoría de los países miembros del Consejo, 12 de 15 coinciden en lo preocupante de la situación de los derechos humanos, y en mayor o menor grado censuran la actuación del Gobierno”, dice Pallais.
Además el analista político y exdiputado ve con preocupación que Daniel Ortega a través de su canciller implica a Nicaragua con Rusia “en responsabilizar a los Estados Unidos como los causantes de la crisis” nicaragüense. Pallais advierte que el interés de Ortega es lograr un aliado fuerte para que el tema de la crisis deje de ser atención en los foros internacionales.
Con esto para Pallais se pretende introducir “nuestros conflictos en medio de la confrontación entre esas dos potencias” como son Estados Unidos y Rusia, “una estrategia que Ortega usó en los años ochenta y no le funcionó, y más bien acrecentó la tragedia y los sufrimientos de los nicaragüenses”, señaló.
Así mismo, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, junto a otros representantes en la Cámara Baja, promueve que la administración del presidente Donald Trump aplique sanciones más fuertes al régimen Ortega-Murillo con un trato similar al de Irán en materia de sanciones,  por considerado violador de derechos humanos y corrupción.
El Gobierno de Nicaragua es el que tiene más sancionados con la Ley Magnitsky. El 5 de julio pasado, el Departamento de Estado anunció sanciones para el vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Francisco López Centeno; el jefe de facto de la Policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz; y el secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno. En diciembre de 2017 fue sancionado el expresidente del CSE, Roberto Rivas. Los cuatro han sido sancionados por corrupción y violaciones de derechos humanos.

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