La discusión sobre la catástrofe de derechos humanos en Nicaragua, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido un hecho histórico pero sobre todo una presión para la búsqueda de una pronta solución de la crisis política del país.
En efecto, aunque esta reunión del Consejo de Seguridad solo ha sido informativa, ha mundializado la crisis de Nicaragua y presionado a Ortega para que restablezca el Diálogo Nacional con la mediación de los obispos, en el cual se debe acordar un plan para la recuperación de la democracia.
Debido al debilitamiento temporal de la lucha interna del pueblo por la brutal represión y el estado de terror implantado por la dictadura, el centro de gravedad de la gesta por la recuperación de la democracia en Nicaragua se encuentra por ahora en el ámbito de la diplomacia y la política internacional.
Ortega lo sabe y por eso ha vuelto a apelar al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, tratando de justificar sus brutales violaciones a los derechos humanos como una cuestión de política interna y no permitir el involucramiento de los gobiernos democráticos en la crisis de Nicaragua.
Pero la presión internacional es y ha sido siempre un factor muy importante, inclusive determinante, para el establecimiento y la defensa de la democracia en muchos países, incluyendo a Nicaragua. La presión externa contra la dictadura somocista fue decisiva para su derrocamiento en 1979 y para que el FSLN de Daniel Ortega pudiera tomar el poder. Y también fue determinante para facilitar la salida democrática de la primera dictadura sandinista, y el fin de la guerra de los años 80, por medio de las elecciones con amplia observación internacional en febrero de 1990.
Actualmente, con la evolución del derecho internacional humanitario ningún gobierno puede ampararse en la soberanía nacional para cometer impunemente crímenes contra su propio pueblo. Como lo precisó el representante de Costa Rica en la discusión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis de Nicaragua, cada Estado tiene la obligación primordial de proteger los derechos humanos de su propio pueblo; pero si no los protege y por el contrario los viola de manera masiva y sistemática, como hace Daniel Ortega, la comunidad internacional tiene el deber de protegerlos.
En Nicaragua no es necesario que la comunidad internacional actúe de manera extrema para acudir en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, como lo ha debido hacer en algunos países árabes y africanos en los últimos años. Bastaría con que ejerciera sobre el régimen de Ortega la presión necesaria a fin de obligarlo a restablecer el Diálogo Nacional con la representación de la sociedad, y acordar allí la hoja de ruta para la restauración de la democracia en Nicaragua.